Treinta años de política de vivienda: muchos decretos y pocos techos
Cómo el decreto de desindexación de la vivienda social revela treinta años de incoherencia institucional en la política habitacional colombiana
Para Colombia, la discusión más relevante no es si controlar el precio final de la VIS, sino cómo incentivar mayor oferta en localizaciones adecuadas y cómo hacer que los subsidios lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. Engañosamente simple en su enunciado, esa agenda lleva treinta años sin respuesta satisfactoria. No porque nadie la haya intentado responder. Sino porque cada gobierno que llega la responde desde cero, con nuevos instrumentos, nueva retórica y el mismo déficit estructural esperándolo al final del camino.
Un problema de 5,28 millones de familias que el Estado no ha podido resolver
Para entender por qué el decreto de desindexación de la Vivienda de Interés Social (VIS) es un asunto de vida o muerte para los más vulnerables, hay que comenzar por la escala real del problema. Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE de 2024, el déficit habitacional total en Colombia se ubica en el 26,8%. El déficit cuantitativo (el que exige vivienda nueva) se incrementó levemente de 6,77% a 6,81%. Traducido a personas: según Asobancaria, aproximadamente 5,28 millones de familias colombianas carecen de una vivienda adecuada.
5,28 millones de familias colombianas en déficit habitacional (Asobancaria, 2024)
Lo más perturbador no es la cifra. Es su resistencia al tiempo. Ni Uribe, ni Santos, ni Duque, ni Petro han logrado doblegar ese déficit de manera sustantiva. Cada gobierno llega con su promesa habitacional, la “revolución de la vivienda” del actual no es la excepción, y cada gobierno entrega el poder sin haberlo resuelto. La razón no es falta de voluntad política ni sabotaje del sector privado. Es algo más profundo: Colombia lleva treinta años cambiando los instrumentos de su política habitacional sin cambiar la arquitectura institucional que los ejecuta. El Premio Nobel Joseph Stiglitz lleva décadas advirtiendo que los mercados de vivienda presentan fallas estructurales graves, información asimétrica, poder de mercado de los grandes promotores, externalidades, que justifican la intervención pública. Pero también advierte que intervenir mal es peor que no intervenir: la regulación sin subsidio, sin política de suelo y sin inclusión del sector informal no corrige las fallas del mercado; las desplaza hacia los más vulnerables.
El dato del DANE lo dice todo: la tenencia de vivienda propia retrocedió del 41,6% en 2019 al 36% en 2024, mientras los hogares en arriendo crecieron del 35,7% al 40,4%. Cinco años de política habitacional, con y sin controles de precio, dejaron a más colombianos como arrendatarios que al inicio. El mercado no falló solo. Falló el sistema.
Cuando la solución tiene el mismo origen que el problema
Para evaluar con honestidad el decreto de enero de 2026, hay que comenzar por una paradoja que sus propios detractores no siempre mencionan con claridad: el Gobierno actual generó la crisis que luego intentó resolver con el decreto.
Desde 1997, la Ley 388 ata el tope máximo de la VIS al salario mínimo. Cuando el Gobierno fijó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, un aumento del 23,7%, activó automáticamente el mecanismo. Sin la desindexación, el tope VIS en grandes ciudades habría saltado de $213,5 millones (150 SMMLV × $1.423.500 de 2025) a $262,5 millones. Una vivienda que en 2022 valía cerca de $150 millones costaría más de $262 millones en 2026: un alza superior a $110 millones.
“Este rollo lo armó el mismo Gobierno. El problema es que la solución que propone puede crear uno peor.” (Sector Constructor Colombiano)
El Ministerio de Trabajo negoció el salario mínimo. El Ministerio de Vivienda administra el sistema VIS. No existió coordinación entre los dos. Ese es el pecado original del decreto: no es el resultado de una estrategia habitacional coherente sino de un parche de emergencia para contener las consecuencias de una decisión salarial tomada discrecionalmente sin análisis de su impacto habitacional. La Presidencia publicó los considerandos del decreto señalando que en 2025 el ICOCED, el índice de costos de construcción, apenas creció 4,2%, comparado con el 23,7% del salario mínimo. La observación es correcta. Pero la solución no aborda la causa.
Lo que el decreto sí tiene razón en diagnosticar
Sería injusto ignorar que el problema que el decreto busca corregir era real. Como explicó Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio, en declaraciones citadas por Colombia en Cifras: “Esos pesos que se informan al comienzo son a título informativo.” Es decir, miles de familias firmaban separaciones con precios indicados en pesos y descubrían años después, al momento de escriturar, que debían pagar montos significativamente mayores porque el salario mínimo había subido. Con el aumento del 23,7% para 2026, eso se tradujo en $49 millones adicionales que familias de estratos 1 y 2 no tenían presupuestados.
No es un dato menor que el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo respaldara la desindexación: “Me parece fundamental. De hecho, yo inicié ese proceso como ministro y no entiendo por qué no se continuó. No hay razón para tener tantos elementos indexados al salario mínimo.” Esa voz le otorga al Gobierno autoridad técnica en el diagnóstico. El problema es que el diagnóstico correcto no siempre garantiza la solución correcta.
Cinco inconsistencias que pueden convertir una buena intención en una catástrofe habitacional
1. Una distinción semántica sin valor económico
El presidente insiste en que el decreto "no es un control de precios, sino una protección al consumidor." Esta distinción es jurídicamente defendible pero económicamente irrelevante. Llamarle de otra manera no cambia la consecuencia: el constructor tiene un techo de precio que no puede traspasar, aunque sus costos suban. El efecto económico es idéntico. Lo que distingue el “control de precios” de la “protección al consumidor” en este caso no es la naturaleza de la medida: es el nombre que el Gobierno le da.
2. El traslado del riesgo sin compensación
Mano de obra y materiales representan cerca del 70% del costo total de una VIS. Los costos de mano de obra, entre el 25% y 30% del costo directo, suben cuando sube el salario mínimo. Aunque el ICOCED, el único índice que el decreto permite usar para ajustar precios, incluye este componente, su peso está diluido por el comportamiento de los materiales. Al obligar a ajustar los precios solo por el ICOCED (que creció 4,2%) frente a un salario mínimo que creció el 23,7%, el Gobierno crea una brecha de costos que el constructor no puede compensar. Resultado: el Gobierno decreta un costo (salario) pero prohíbe su reflejo en el ingreso (precio) y luego le exige al constructor que ajuste sus precios solo por el ICOCED. Eso no es proteger al consumidor. Es repartir una pérdida entre el comprador de hoy, que sí gana, y el comprador de mañana, que no encontrará vivienda disponible porque nadie la construyó. La lógica es tan vieja como los mercados: todo mecanismo que fija el precio de un bien por debajo de su costo de producción no protege al comprador, lo desaparece. Colombia lo está comprobando en tiempo real.
Según datos de Camacol, 132.000 unidades VIS en todo el país se verían comprometidas, equivalentes al 35% de la oferta en preventa o en construcción, con una inversión afectada de $27 billones de pesos.
$27 billones en inversión habitacional comprometida por el decreto (Camacol, 2026)
3. El argumento que ignora la aritmética del mercado
Petro preguntó: “¿Cómo es posible que confundan lo que es techo de la VIS con precios de la vivienda?”, insinuando que los constructores podrían vender por debajo del tope. El argumento suena razonable hasta que se examina el dato: según un exfuncionario citado por El Espectador, actualmente solo el 40% de los proyectos VIS se venden al valor techo. Con el decreto de congelación de precios desde la separación, la respuesta racional del constructor es fijar el precio al tope desde el primer día para cubrirse ante cualquier alza de costos futura. El resultado: del 40% que hoy opera con margen, se pasará rápidamente al 100% pegado al techo. Exactamente lo contrario de lo que el presidente promete.
4. La eliminación del tope diferencial agrava la segregación urbana
El decreto elimina el tope excepcional de 150 SMMLV para grandes ciudades, igualándolo al estándar de 135 SMMLV nacional. La intención es noble. El efecto es perverso. En Bogotá, Medellín y Cali, el suelo urbano bien localizado, cerca de empleos, colegios, hospitales, transporte masivo, tiene precios que hacen imposible construir VIS a 135 SMMLV con margen razonable. La consecuencia es inevitable: más proyectos VIS en las periferias de Soacha, Mosquera, Bello e Itagüí, y menos en zonas consolidadas. El 26% de las unidades VIS entregadas en 2025 tenían precios superiores a los 135 SMMLV. Esas unidades desaparecen del mapa de las ciudades grandes.
Este fenómeno tiene nombre en urbanismo: segregación socioespacial inducida por política pública. El hogar que compra en la periferia accede a una vivienda formal, sí. Pero gasta entre 2 y 4 horas diarias en transporte, pierde ingresos por tiempo improductivo, y accede a servicios de menor calidad. La vivienda es el activo. El entorno destruye parte de ese activo.
5. El decreto llega justo cuando el subsidio complementario desapareció
Ningún control de precio funciona sin el subsidio que cierra la brecha entre lo que el mercado puede construir y lo que la familia puede pagar. El Mi Casa Ya fue durante una década ese puente. Según análisis efectuado por Metrocuadrado, entre 2015 y 2023 se asignaron más de 308.000 subsidios. Para 2024–2025, solo 58.000. En 2026, el programa no cuenta con subsidios para nuevos interesados.
Cuando el Gobierno suspendió las postulaciones en diciembre de 2024, Camacol estimó que 40.500 hogares de estratos 2 y 3 serían directamente impactados. La reactivación fue simbólica: en marzo de 2025, Fonvivienda aprobó apenas 803 nuevos cupos, frente a los 50.000 anuales de antes. La consecuencia acumulada: entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, 206.161 hogares desistieron de comprar vivienda, equivalente a 577.251 personas que dejaron de invertir $60 billones en el sector, el 3,4% del PIB.
206.161 hogares desistieron de comprar vivienda entre 2022 y 2025 · $60 billones dejados de invertir (3,4% del PIB)
La anatomía de la consistencia gubernamental: diagnóstico correcto, solución fallida
El siguiente análisis sintetiza la evaluación de los argumentos del Gobierno frente a la evidencia disponible:
La conclusión que emerge es incómoda para todos los bandos del debate. El Gobierno tiene razón en el diagnóstico, la indexación al salario mínimo generaba cobros abusivos, pero construyó la solución equivocada. Los constructores tienen razón en los efectos sobre la oferta, pero defienden simultáneamente márgenes de rentabilidad legítimos. Y ninguno de los dos ha propuesto con seriedad lo que verdaderamente requiere la política habitacional colombiana: una reforma estructural que trascienda el ciclo electoral.
¿Trampa institucional o simple incompetencia de coordinación?
Ante el fracaso reiterado de la política habitacional, tres hipótesis compiten por explicar la parálisis. No son mutuamente excluyentes. Las tres son simultáneamente verdaderas, con diferente peso relativo según el nivel de análisis.
La hipótesis del bloqueo de élites: verdadera pero insuficiente
El marco teórico de Acemoğlu y Robinson (Nobel de Economía 2024) ofrece el punto de partida más pertinente. Sus estudios identifican el ciclo vicioso de las instituciones extractivas: las élites que se benefician del statu quo no tienen incentivos para reformarlo, aunque esas reformas beneficien al conjunto de la sociedad. Aplicado al sector constructor, es evidente que Camacol defiende argumentos técnicamente válidos y márgenes de rentabilidad simultáneamente. El punto no es que mienta. Es que su diagnóstico coexiste con un interés económico muy concreto.
Pero la hipótesis del bloqueo tiene un límite analítico que el Gobierno no ha querido reconocer: no todo lo que parece bloqueo es bloqueo. Cuando la Procuraduría cuestiona la constitucionalidad del decreto, cuando expertos señalan que un decreto no puede contradecir una ley aprobada por el Congreso, o cuando, según datos de Camacol, gremio con interés directo en el debate, pero cuyos números no han sido controvertidos por fuentes independientes, 132.000 unidades VIS en todo el país se verían comprometidas, eso puede ser evidencia de problemas reales de diseño de la política, no de sabotaje político. El gobierno que interpreta toda oposición técnica como conspiración se priva de la información correctiva que necesita para mejorar su gestión.
La trampa institucional de Robinson: el diagnóstico más profundo
Esta es la hipótesis con mayor poder explicativo porque trasciende al gobierno de turno. Daron Acemoglu y James Robinson identificaron en Colombia un caso paradigmático de su tesis central: las sociedades atrapadas en instituciones extractivas no pueden reformarse desde adentro porque las élites que se benefician del statu quo bloquean sistemáticamente los cambios que amenacen sus privilegios. Pero Robinson añade un matiz que el debate colombiano suele ignorar: las instituciones extractivas no requieren conspiración activa para perpetuarse. Basta con que nadie tenga incentivos suficientes para construir las alternativas. La Contraloría General identificó que hasta septiembre de 2025 el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23% de su inversión total. Los hallazgos fiscales en el sector agua y vivienda entre 2020 y el primer semestre de 2025 ascienden a $443.232 millones. Ese período incluye gobiernos de Duque y Petro: el problema no es del ejecutivo de turno sino del aparato institucional.
El dato más perturbador lo ofrece también la Contraloría: de las 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas, solo el 39% funciona correctamente. El resto presenta fallas estructurales o está abandonado. Esto ilustra con precisión el diagnóstico de Robinson: no es que el Estado no invierta en lo social. Es que las instituciones que deben ejecutar esa inversión son tan débiles, capturadas o corruptas, que el dinero entra al sistema y desaparece antes de llegar al ciudadano.
Colombia lleva 30 años cambiando los instrumentos de la política VIS sin cambiar la arquitectura institucional que los ejecuta. Ese es el problema que ningún decreto puede resolver. (KapitalPaper).
La falla de coordinación: la hipótesis más incómoda para el gobierno
Esta es la hipótesis que más evidencia concreta tiene en el caso habitacional y la que más incomoda a los simpatizantes del proyecto Petro. La política habitacional de este Gobierno muestra un patrón recurrente de incoherencia de coordinación que no puede explicarse por el bloqueo de élites ni por la trampa institucional heredada, porque se trata de decisiones tomadas con plena autonomía del Ejecutivo que se contradicen entre sí.
Primer ejemplo: el Gobierno decretó el alza salarial del 23,7% sin prever su impacto automático sobre el tope VIS. Segundo ejemplo: suspendió Mi Casa Ya en diciembre de 2024, el único programa que probadamente llegaba a estratos 1 y 2, al tiempo que anunciaba su “revolución de la vivienda”. Tercer ejemplo: el director de Fonvivienda reconoció que el programa Cambia Mi Casa tenía problemas de ejecución porque “el programa es nuevo y aún está en sus primeras etapas”, lo que expertos calificaron como evidencia de “improvisación y falta de planeación”.
Y hay una paradoja estructural que el Gobierno no ha intentado resolver en tres años: según el DANE, la informalidad laboral en el sector construcción alcanza el 70%. Los obreros que edifican esas viviendas pertenecen, en su mayoría, al mismo estrato socioeconómico al que están destinadas. Pero como trabajan en la informalidad, quedan excluidos de los subsidios que el Estado diseñó para personas con su nivel de ingreso. El que pone el ladrillo no puede quedarse con la casa: la informalidad que el Gobierno tolera en el sector es la misma que le cierra la puerta del programa.
Chile y Uruguay: lo que Colombia puede aprender y lo que no puede trasplantar
El análisis comparativo con los dos casos más citados de política habitacional exitosa en América Latina revela una conclusión incómoda: ninguno de los dos tiene un modelo que Colombia pueda copiar sin adaptación, pero los dos ofrecen lecciones concretas que Colombia ha ignorado sistemáticamente.
Chile: la mayor producción de vivienda social del continente y su gran contradicción
Chile construyó el sistema de subsidios habitacionales más influyente de América Latina, adoptado total o parcialmente por Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Costa Rica. Su logro cuantitativo es innegable: es el único país de la OCDE donde la tasa de propiedad de vivienda es similar entre todos los quintiles de ingreso. El déficit cuantitativo se redujo un 10,3% entre 2017 y 2024. Su instrumento más potente, el programa DS49, entrega un subsidio que puede cubrir el 100% del valor de la vivienda para los hogares más vulnerables, eliminando la trampa del endeudamiento.
Pero el modelo chileno tiene un talón de Aquiles directamente comparable con el problema colombiano de segregación. El arquitecto Ricardo Tapia, especialista en vivienda social de la Universidad de Chile, documentó que entre 1980 y 2002 se construyeron 230.000 viviendas sociales, la mayor producción de la historia, con un promedio de apenas 45 m² y en las periferias más alejadas de Santiago. Los pobres recibieron títulos de propiedad formales, pero fueron relocalizados lejos de los empleos, servicios y oportunidades. Si Chile, con su mayor capacidad institucional, no pudo resolver la segregación urbana inducida por su política habitacional, Colombia, con instituciones más débiles, enfrenta una versión agravada del mismo desafío.
Uruguay: democracia habitacional como proyecto social
Uruguay representa quizás el caso más fascinante del continente, no porque haya resuelto el problema habitacional, sino porque construyó un instrumento que ningún otro país latinoamericano replicó con la misma profundidad: el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. La Ley Nacional de Vivienda de 1968 creó el marco. De tres proyectos en 1969 se pasó a 210 cooperativas con 6.700 viviendas en 1971. Durante los gobiernos del Frente Amplio entre 2005 y 2020, la inversión pública en vivienda se quintuplicó y se lograron más de 130.000 soluciones habitacionales.
Lo que hace singular al modelo uruguayo no es su escala, es un país de 3,5 millones de habitantes, sino su filosofía: financiación pública subsidiada, reducción de costos mediante el trabajo de las propias familias en la construcción (hasta 30% del costo total), asistencia técnica profesional garantizada por el Estado, y participación democrática de los socios en todas las decisiones del proceso. Pero, sobre todo, lo que Colombia no tiene y Uruguay sí: un gabinete de vivienda que se reúne trimestralmente para coordinar al Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR y el Banco Hipotecario. Esa coordinación es exactamente lo opuesto de lo que hace Colombia cuando el Ministerio de Trabajo sube el salario mínimo sin consultar al Ministerio de Vivienda.
Hacia una política habitacional de Estado, no de gobierno
La política habitacional colombiana necesita no un nuevo decreto sino una reforma estructural articulada en seis pilares que se refuercen mutuamente. Ninguno es novedoso en abstracto. Todos son políticamente difíciles. Su combinación es lo que ningún gobierno ha intentado con coherencia.
Reemplazar la indexación al salario mínimo con una Unidad de Valor Habitacional (UVH)
La solución correcta a la indexación distorsionada no es congelar precios en pesos —que crea riesgo al constructor— sino crear una unidad de cuenta que refleje costos reales. La UVH se calcularía mensualmente por el DANE como promedio ponderado de tres componentes: el ICOCED con peso del 60%, el IPC con el 30%, y el costo de la mano de obra formal del sector construcción con el 10%. Todos los contratos VIS se denominarían en UVH, con conversión a pesos en cada hito del proceso según el valor vigente. El comprador sabe cuántas UVH cuesta su vivienda: ese número nunca cambia. Lo que varía levemente es su equivalente en pesos, de manera predecible y transparente.
Estratificación del subsidio sin deuda para los más pobres
La teoría económica es consistente en este punto: los subsidios directos son preferibles a cualquier intervención sobre precios porque no distorsionan las señales del mercado y permiten que la oferta responda libremente. En esa lógica, el subsidio total sin deuda hipotecaria para los más pobres no es una concesión al intervencionismo: es la alternativa técnicamente superior al control de precios que el gobierno Petro eligió. Inspirado en el DS49 chileno, el esquema se articularía en tres capas. La primera cubre el 100% del valor para hogares con ingresos inferiores a 1,5 salarios mínimos, trabajadores informales con vulnerabilidad acreditada, víctimas del conflicto y población con discapacidad, sin deuda hipotecaria residual. La segunda cubre entre 30% y 70% del valor para hogares de 1,5 a 4 salarios mínimos, complementado con crédito hipotecario. La tercera introduce un subsidio de arrendamiento, instrumento que Colombia prácticamente no ha desarrollado, para quienes no tienen capacidad ni interés de compra, incluyendo la enorme masa de trabajadores informales que no califican para crédito.
La reforma del suelo urbano — financiar el sistema con plusvalías
Colombia tiene legalmente diseñado este mecanismo desde la Ley 388 de 1997 y nunca lo ha ejecutado con la escala necesaria. La propuesta: creación obligatoria de Bancos Municipales de Suelo en los 23 municipios con más de 200.000 habitantes, capitalizados con el 50% de la participación en plusvalías hoy recaudada de manera errática. El principio es comprar suelo antes de que la decisión urbanística genere la plusvalía, no después, evitando el error de Metrovivienda en Bogotá que compró tierra ya valorizada. Complementariamente, una norma de mezcla social obligatoria: cualquier desarrollo privado de más de 5.000 m² debe reservar el 20% de unidades para VIS dentro del mismo proyecto, no en otro predio ni municipio. Esto ataca directamente la segregación urbana. Es políticamente impopular entre los constructores. Es exactamente por eso que es necesario.
El cooperativismo como tercer sector habitacional
Una Ley Marco del Cooperativismo Habitacional crearía tres mecanismos: acceso preferencial de las cooperativas al suelo del Banco Municipal a precio de costo; una línea de crédito de largo plazo del Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario a tasas de inflación más dos puntos, con plazos de hasta 30 años; y el reconocimiento legal de la ayuda mutua, el trabajo de las familias socias en la construcción, como aporte de capital. La experiencia uruguaya, documentada por el MVOT, muestra que el modelo cooperativo por ayuda mutua permite reducir costos de construcción entre 20% y 30% frente al mercado tradicional. Eso hace fiscalmente viable el subsidio total en VIP sin subsidio completo del Estado.
La inclusión del sector informal — el punto ciego de todas las políticas anteriores
Más del 60% de la población en déficit habitacional trabaja en la informalidad. Cualquier política que requiera contrato laboral formal, cotización a seguridad social y acceso bancario, los excluye estructuralmente. La propuesta introduce tres instrumentos específicos. El Ahorro Programado Informal, administrado por las Cajas de Compensación Familiar, permite abrir una cuenta habitacional sin requisito de formalidad laboral, con un aporte mínimo del 5% del ingreso declarado y un match estatal del 50% durante máximo cinco años, convertible luego en cuota inicial certificada. El Mejoramiento Habitacional Masivo cubre refuerzo estructural, saneamiento y titulación de viviendas informales existentes, con un costo por hogar 5 a 10 veces menor que una vivienda nueva. Y la Titulación Masiva Acelerada de asentamientos consolidados activa la capacidad de inversión privada de esas familias sobre sus propios activos.
La arquitectura institucional — el gabinete de vivienda y el plan decenal
Sin este pilar, los cinco anteriores son inútiles. Se proponen tres reformas institucionales. Primero, un Gabinete Intersectorial de Vivienda de reunión mensual obligatoria, con la regla de que ninguna decisión de política que afecte la vivienda, incluyendo la fijación del salario mínimo, se tome sin análisis previo de impacto habitacional. Segundo, un Plan Decenal de Vivienda creado por ley, con presupuesto plurianual que no pueda ser recortado unilateralmente, actualizado cada 5 años por comisión mixta, y con informe anual obligatorio de la Contraloría al Congreso. Tercero, un Observatorio Nacional de Vivienda que produzca trimestralmente indicadores de déficit desagregados por municipio, segmento de ingresos, tipo de tenencia y condición de formalidad laboral. Sin información oportuna y granular, toda política opera a ciegas.
La conclusión que nadie quiere escuchar
El debate entre el Gobierno Petro y el sector constructor sobre el decreto de desindexación VIS es, en el fondo, un debate sobre síntomas. El Gobierno tiene razón en que la familia que descubrió que debía $49 millones adicionales fue víctima de un sistema abusivo. Los constructores tienen razón en que congelar precios sin compensar el riesgo contraerá la oferta. Ambos tienen razón en sus diagnósticos parciales. Ambos evitan el diagnóstico completo.
El diagnóstico completo es este: Colombia lleva treinta años construyendo una política habitacional que favorece estructuralmente al trabajador formal de estrato 3 sobre el vendedor ambulante de estrato 1, que es paradójicamente quien más necesita la vivienda social. Lo hace porque sus instrumentos, subsidios que requieren formalidad laboral, créditos que exigen historial bancario, topes de precio que empujan la oferta a las periferias, están diseñados para el ciudadano que ya tiene acceso parcial al sistema, no para el que no tiene ningún acceso.
La Contraloría ya lo documentó: aunque el déficit cuantitativo urbano se redujo en un 4,79% entre 2010 y 2022, apenas un 0,41% de esa mejora puede atribuirse a los programas de subsidios. El resto lo hizo el mercado y el crecimiento económico. El Estado construyó una arquitectura institucional costosa cuyo aporte real a la solución fue marginal. Y esa arquitectura, con cada nuevo gobierno, se desmonta y se reconstruye desde cero.
Eso es lo que Robinson llama “trampa institucional”. No es una conspiración. No es mala voluntad. Es un sistema que se reproduce a sí mismo porque las instituciones que deberían transformarlo están capturadas por los intereses que se benefician de su perpetuación, y los gobiernos que llegan con voluntad transformadora no tienen la capacidad tecnocrática de coordinación para sostener esa transformación en el tiempo.
La diferencia más profunda entre Colombia y los países que han logrado avances habitacionales sostenibles no es el modelo técnico elegido. Es la capacidad de sostenerlo y perfeccionarlo a través del tiempo, independientemente del signo político del gobierno de turno. (KapitalPaper)
Mientras el Mi Casa Ya sea símbolo de un gobierno y la desindexación VIS sea símbolo de otro, mientras cada nuevo presidente empiece desde cero en lugar de construir sobre lo que funcionó, las 5,28 millones de familias colombianas en déficit habitacional seguirán siendo el precio que paga el país por su incapacidad de acumular aprendizaje institucional. No en nombre del mercado. No en nombre del Estado. En nombre de la polarización política que convierte cada instrumento de política pública en trinchera electoral.
El decreto de desindexación VIS es una buena idea mal ejecutada. En política pública, eso es funcionalmente equivalente a una mala idea. Y sus consecuencias las pagará, como siempre, quien menos puede permitirse pagarlas: la familia que todavía no tiene contrato firmado, que aún no existe en las estadísticas del debate, y que será el más vulnerable de todos: el invisible.