En menos de una década, Colombia pasó de ser autosuficiente a enfrentar su peor crisis de abastecimiento en décadas. Mientras el Gobierno apuesta por la integración fallida con Venezuela y la diplomacia se rompe con Ecuador, las cifras muestran un déficit que podría superar el 58% en 2027 y un costo fiscal que rivaliza con una reforma tributaria. ¿Qué pasa con el gas?
Lo que debía ser una transición energética ordenada se ha convertido en una carrera contrarreloj contra la escasez. Colombia, que hace una década se jactaba de su autosuficiencia en gas natural, se enfrenta hoy a su crisis energética más aguda desde los apagones de los años 90. Pero a diferencia de aquella crisis, esta no es producto de un fenómeno climático o un choque externo imprevisto. Es, según los análisis técnicos y gremiales, una crisis de diseño: una suma de parálisis exploratoria, falta de inversión en infraestructura y decisiones políticas acumuladas que han llevado al país al borde del racionamiento virtual.
Mientras el gobierno insiste en la narrativa de la “soberanía energética” a través de acuerdos con Venezuela y la transición hacia fuentes limpias, las cifras del subsuelo y las proyecciones de los centros de estudio independientes pintan un panorama desolador. El gas, que alimenta el 30% de la generación eléctrica y es el combustible vital de la industria y los hogares, se está agotando más rápido de lo que se reemplaza.
El colapso silencioso de las reservas
El diagnóstico comienza en el subsuelo. Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y análisis de Fedesarrollo, las reservas probadas de gas han sufrido un colapso estructural. En once años, cayeron un 64%, pasando de 5.727 gigapiés cúbicos (GPC) en 2012 a solo 2.373 GPC en 2023.
La situación es más grave si se analiza la tasa de reemplazo. Salvo un espejismo en 2021, el país no ha logrado reponer lo que consume. Entre 2022 y 2023, las reservas disminuyeron otro 16%, dejando la autosuficiencia en apenas 6,1 años. Para 2024, esa relación se contrajo aún más: 5,9 años. Es decir, si no se encuentra más gas, Colombia tiene cuerda para menos de seis años, pero con un problema adicional: la producción también está en caída libre.
En mayo de 2025, Campetrol reportó una extracción de apenas 800 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), el nivel más bajo en más de una década. La consecuencia inmediata es la dependencia. En 2024 y lo que va de 2026, entre el 7% y el 20% del gas que se consume en el país ya es importado. El que antes era un exportador neto de energía, hoy depende de barcos metaneros para mantener las luces encendidas.
El Déficit que acelera y el costo de no decidir
La agonía de las reservas ya tiene un cronograma de dolor económico. Un reciente ejercicio técnico del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y Andesco ha destrozado las proyecciones optimistas. El déficit de gas para 2026 no será del 23% como se estimaba inicialmente, sino que podría superar el 39%. El panorama para 2027 es aún más alarmante: de no adoptarse correctivos estructurales, el faltante escalará hasta el 58%.
En cifras crudas, la factura de la inacción es brutal. Fedesarrollo calcula que el déficit causará pérdidas por 11,2 billones de pesos hacia 2030 solo por el encarecimiento del gas importado. Si se extiende la mirada hasta 2033, el costo podría ascender a 28 billones de pesos. Para ponerlo en contexto: es el costo de una reforma tributaria completa, evaporado por la falta de previsión.
Pero el impacto más sensible llegará a los bolsillos de los ciudadanos. Un ejercicio sectorial revela que si la mitad del gas consumido proviene del exterior (GNL), las tarifas se dispararían: 44,6% en Bogotá, 44,9% en Medellín y 45,8% en Bucaramanga. La industria tampoco se salva: la pérdida de competitividad podría restar 0,1 puntos del PIB anual hasta 2031.
Las opciones: ¿Puentes de emergencia o soluciones reales?
Frente al abismo, el sector energético colombiano tiene sobre la mesa varias cartas, pero todas enfrentan obstáculos que parecen insalvables en el corto plazo.
Sirius (Offshore): la gran promesa retrasada
El proyecto Sirius, operado por Ecopetrol y Petrobras, es el as bajo la manga. Con reservas estimadas en 6 terapiés cúbicos (similar al mítico campo Chuchupa), promete 470 millones de pies cúbicos diarios durante 10 años. Sin embargo, la fecha de entrada en operación se retrasó de 2029 a 2030, con riesgos de correrse hasta 2031.
El cuello de botella no es técnico, sino social y jurídico: para construir el ducto que conectará el campo con la costa se requieren 116 consultas previas. Es un laberinto burocrático que amenaza con hacer llegar el gas cuando la crisis ya haya causado estragos.
GNL: el Puente caro e insuficiente
Mientras Sirius madura, el Gas Natural Licuado (GNL) es el salvavidas. La regasificadora de Cartagena (SPEC) ya se queda pequeña. Ecopetrol, a través de Cenit, logró la licencia para una nueva unidad flotante (FSRU) en Coveñas, pero el costo del GNL importado es el talón de Aquiles: costará entre dos y tres veces más que el gas nacional. Un costo que, irremediablemente, se trasladará a las tarifas.
CBM y no convencionales: los tabúes
Mientras el país debate si explotar el Gas Metano de Carbón (CBM) en la cuenca Cesar-Ranchería o recurrir al fracking en yacimientos no convencionales, la realidad es que estas alternativas siguen congeladas por la oposición política del actual gobierno. Los gremios insisten en que son necesarias, pero la narrativa oficial las mantiene en el limbo técnico.
Cuando la diplomacia no es el fuerte, la geopolítica energética es una incógnita peligrosa.
La estrategia de integración regional del gobierno también muestra fisuras profundas.
El espejismo venezolano
La promesa de traer gas de Venezuela, el país con mayores reservas de América Latina ha sido el caballo de batalla del discurso soberanista. Sin embargo, la realidad operativa es tozuda. A finales de 2025, el plazo prometido por el ministro Edwin Palma venció sin que llegara una sola molécula estable.
El presidente de Ecopetrol ha sido claro: para que fluya gas desde el vecino país se necesitan tres condiciones simultáneas que hoy no se cumplen: el levantamiento de las sanciones de la OFAC (Tesoro de EE.UU.), la rehabilitación técnica del gasoducto Antonio Ricaurte (deteriorado desde 2015) y que PDVSA tenga realmente la molécula disponible. En el mejor de los casos, se estima que Venezuela podría aportar apenas 50 millones de pies cúbicos diarios a finales de 2026, una cifra ínfima frente a un déficit proyectado de 190 mpcd para ese mismo año.
La ruptura con ecuador: integración rota
El frente sur también está en llamas. La relación con Ecuador, que funcionó durante más de dos décadas como un intercambio energético estable, entró en crisis en enero de 2026. La imposición por parte de Daniel Noboa de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas desató la respuesta de Bogotá: la suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE).
Analistas advierten que este episodio no tiene antecedentes. No solo se perdió un socio confiable en la integración, sino que Ecuador amenazó con represalias sobre el uso del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), vital para las exportaciones petroleras colombianas.
Para el gas, la ruptura implica que cualquier posibilidad de importar desde el sur queda bloqueada por el ruido diplomático.
Hoja de Ruta y el Costo de la Ideología
El balance que hacen expertos y gremios es lapidario. Andesco habla de un impacto acumulado de decisiones adversas que podría costarle al país cerca de 114 billones de pesos en pérdida de competitividad, empleo y soberanía energética.
La hoja de ruta para evitar el desabastecimiento total es clara para los técnicos, pero compleja en lo político:
Corto plazo (2026-2027): Sacar adelante la segunda terminal de regasificación en el Caribe y resolver los obstáculos de la opción venezolana, aunque sea como complemento menor.
Mediano plazo (2027-2031): Acelerar Sirius declarándolo Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE) para destrabar las 116 consultas previas y explorar el potencial del CBM.
Largo plazo: Revertir la política de no exploración y evaluar técnicamente el fracking, dejando de lado los dogmas.
Lo que está en juego, según los analistas, no es solo el precio del gas en las facturas de 30 millones de colombianos. Es la competitividad industrial, la estabilidad del sistema eléctrico (que depende del gas térmico en épocas de sequía) y la capacidad del Estado de garantizar un servicio público esencial.
Mientras el gobierno insiste en que “no faltará gas” y culpa a factores externos, las reservas siguen cayendo y los barcos de GNL importado se vuelven cada vez más frecuentes en los puertos. Para la industria y los hogares, el peso de los desaciertos de los últimos gobiernos ya está aquí. La única incógnita es cuánto más subirá la factura antes de que la política energética decida aterrizar en la realidad.