El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la tierra se movió y dejó a Colombia contando muertos. Nueve días después, el presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1261: al menos 30 billones de pesos, cerca del 1,5% del PIB, para levantar lo que el sismo dejó en el suelo.
Los medios leyeron esa cifra como lo que es, una desgracia con factura. Pero una cifra así nunca es solo un costo, es también un contrato. El más grande que Colombia va a repartir en esta década. Y la lista de quién lo cobra ya empezó a moverse.
Gastar sin licitar
La emergencia es, ante todo, un permiso para gastar rápido y sin licitar. El decreto habilita la contratación directa de obras de infraestructura y servicios públicos, apoyada en la urgencia manifiesta de la Ley 80 y en el régimen especial de la Ley 1523 de gestión del riesgo. En condiciones normales, adjudicar una obra pública toma meses de pliegos, observaciones y evaluación. Bajo la emergencia, una entidad territorial puede firmar el contrato de demolición, remoción de escombros o reparación de un acueducto de forma directa, con control fiscal posterior. Eso reduce el tiempo de meses a días. Y cuando el tiempo se comprime así, la variable que decide es una sola: quién tiene la maquinaria, la cuadrilla y la capacidad instalada disponible en la zona el lunes por la mañana. El precio y la propuesta técnica pasan a segundo plano.
Esa es la primera regla que el país no ha terminado de escribir, ya que la contratación directa premia a quien ya está. Por ejemplo, una constructora o una firma de ingenieros con frentes de obra activos en Antioquia, Valle o Tolima moviliza equipo en horas. Una empresa mediana de los mismos sectores, sin presencia previa en esos departamentos, llega cuando los contratos de la primera ola ya se firmaron. Ciertamente ello obedece a la capacidad de respuesta, no a la corrupción. Pero produce potencialmente un resultado parecido: la reconstrucción tiende a concentrarse en los actores grandes que ya operaban en el territorio, mientras las firmas medianas que un consultor asesora se quedan mirando el SECOP para enterarse de lo que ya se adjudicó.
Nada de esto es, en sí mismo, ilegítimo. Contratar sin licitar y abrir Obras por Impuestos a los municipios golpeados es, probablemente, la única forma realista de mover $30 billones a la velocidad que una emergencia exige; el trámite ordinario dejaría a los damnificados esperando meses que no tienen. El mecanismo está bien diseñado, y aun así reparte la reconstrucción hacia quien ya tiene músculo para ejecutarla, y ese reparto, por eficiente que sea, tiene ganadores previsibles. Y una asimetría de fondo: según el Censo Único de Emergencia de Confecámaras, el 85,8% de las empresas golpeadas reportó afectación y casi la mitad no puede operar, pero el 91,9% de ellas son microempresas de comercio y servicios con pérdidas por debajo de $20 millones. Los que más perdieron son los más pequeños. Los que van a cobrar, casi nunca.
Obras por Impuestos
La segunda regla se llama Obras por Impuestos, y es donde empieza lo interesante. El mecanismo permite que una empresa, en lugar de pagarle al fisco la totalidad de su impuesto de renta, financie directamente un proyecto de obra pública y lo descuente. Suena a filantropía con beneficio tributario. Pero, en la práctica, es la puerta por la que el capital privado va a entrar a decidir qué se reconstruye primero. Hasta antes del terremoto el mecanismo estaba diseñado para municipios PDET y ZOMAC (las zonas del conflicto armado) y su cupo lo fijaba cada año el CONFIS: para 2026 fue de $1,145 billones, de los cuales, según cálculos de Anif, quedaban disponibles apenas cerca de $269.000 millones tras las convocatorias ordinarias. El Decreto 1261 rompe ese condicionante ya que eximió a Obras por Impuestos del cupo ordinario del CONFIS y lo extendió a todos los municipios afectados, aunque no sean PDET ni ZOMAC. Pero eso es apenas el marco. Lo que todavía no está escrito es la letra menuda (cuánto cupo extraordinario se habilita, con qué reglas de priorización y qué municipios entran primero), y esa letra la definirá el Gobierno por decreto legislativo antes de que venza la emergencia, el 18 de septiembre. Ahí es donde se decide el reparto. Y esa letra menuda implica billones.
Por tanto, la pregunta que se desprende de esa lógica es: ¿qué municipios entran? Y la respuesta es geográfica antes que técnica: depende de la ubicación y la concentración empresarial, un condicionante histórico ligado a la madurez del mercado regional. Si el mecanismo se abre a Cali, donde se concentra el tejido empresarial del suroccidente, esa ciudad absorbe la mayoría de los recursos disponibles, porque es ahí donde están las empresas con renta suficiente para usar el beneficio. Focalizarlo en el Chocó, que fue de los más golpeados pero casi no tiene presencia corporativa, suena más justo, pero deja el cupo sin empresas que lo tomen. El Gobierno tiene que elegir entre eficiencia de ejecución y equidad territorial, y esa elección, que se firmará en un decreto durante las próximas semanas, define cuáles empresas pueden convertir su declaración de renta del próximo año en una obra con su nombre, y cuáles no.
Proantioquia se movió primero. La plataforma que agrupa a las grandes empresas antioqueñas puso $200.000 millones sobre la mesa y, en el mismo movimiento, le presentó al Gobierno un esquema propio al cual denominó “Reconstrucción por Impuestos” (REXI), que va más allá de un gesto filantrópico: propone crear un cupo extraordinario del CONFIS que podría llegar al 10% del recaudo de renta, cerca de $15 billones por vigencia, canalizados hacia proyectos que ejecutaría el propio sector privado. La propuesta viene de quien tiene el capital y la capacidad técnica para llevarla a cabo, y eso es lo revelador: quien diseña las reglas del mecanismo suele ser quien mejor las aprovecha. Cuando un gremio ofrece plata y modelo al mismo tiempo, moldea, de forma sutil, el borrador de la norma que va a usar.
Quién coordina
La tercera regla es la más silenciosa: quién coordina. El Gobierno creó el Fondo Milagro, espejo del FOREC que reconstruyó el Eje Cafetero tras el terremoto de Armenia en 1999, y puso su gerencia en manos del empresario Jaime Uribe. El FOREC funcionó relativamente bien porque sacó la reconstrucción del aparato burocrático y la entregó a una gerencia privada con capacidad de contratar. Repetir ese modelo significa que un fondo con conducción empresarial va a decidir el ritmo, los proveedores y las prioridades de $30 billones. Es eficiente. También significa la puerta de entrada a los contratos pasa por un círculo de confianza, con el pliego abierto en segundo plano. Luis Carlos Villegas, que gerenció el FOREC en 1999, resumió así la clave de aquel fondo: nombrar a alguien con todo el acceso y la confianza del presidente. El diseño de hoy es fiel a esa lógica. Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, fue coordinador de voluntarios y puente con el empresariado antioqueño en la campaña de De la Espriella; el gerente para Cali y el Valle lideró allí esa misma campaña. Y a los actores locales se suman otros: según la prensa española, las grandes constructoras del país ibérico (OHLA, Sacyr, Acciona, con décadas de obra civil en Colombia) ya miran las licitaciones. Conocen el terreno y saben que una oportunidad se mide por la firma, y el anuncio cuenta poco. Es la lección que las firmas locales están aprendiendo esta misma semana. En una reconstrucción, la tierra arrasada y el contrato son el mismo mapa mirado por ojos distintos. Quien llega primero se queda con la mayor tajada de los $30 billones.
La agenda de dos semanas
Para un consultor con clientes en infraestructura, construcción, ingeniería o proveeduría, esto constituye, en esencia, la agenda de las próximas dos semanas. Por tanto, la decisión concreta es si un cliente se posiciona ahora (presentando proyectos al Banco de Proyectos de Obras por Impuestos, buscando alianzas con quien ya tiene capacidad instalada en los quince departamentos, acercándose a la estructura del Fondo Milagro) o si espera a que el marco esté “claro”, momento en el cual la primera ola de adjudicaciones directas ya habrá pasado. Esperar la claridad es, en este caso, elegir perder. El decreto de Obras por Impuestos, la focalización territorial y la gobernanza del Fondo son tres documentos que se firmarán pronto y que, entre los tres, deciden el reparto. Quien los lea antes de que se publiquen, anticipando su lógica, entra. Por el contrario, quien los lea después solo verá pasar la oportunidad.
El mecanismo que operará para la reconstrucción contiene riesgos y entenderlo conlleva a sopesarlo para tomar una decisión. La misma velocidad que hace atractiva la contratación directa es la que dispara el control fiscal posterior. Los contratos de urgencia se firman rápido pero se auditan después, y la Contraloría llega con calma sobre lo que se adjudicó con prisa. Un cliente que entre a la reconstrucción sin blindar su expediente contractual (soportes, precios de mercado, justificación de la urgencia) gana el contrato hoy y hereda posiblemente un proceso mañana. El acompañamiento en ese blindaje es, en sí mismo, una línea de trabajo ineludible para el próximo año.
Colombia va a contar esta historia como una tragedia que el Estado atendió. Pero el fondo es otro. Sin caja, con un presupuesto sin margen y con una deuda que lleva años estrangulando las cuentas (una carga de arrastre que ningún gobierno reciente ha logrado revertir) en el peor momento posible: en 2026 uno de cada tres pesos de impuestos ya se va a pagar intereses, unos $65 billones, y en 2027, justo cuando la reconstrucción apenas esté desplegándose, esa factura trepará a casi $84 billones. Con ese margen, el Estado no tiene cómo pagar la reconstrucción de su bolsillo. Así que no la paga: subasta el derecho a reconstruirlo y lo cobra con beneficios tributarios y contratos directos. Los $30 billones funcionan como una transferencia de la reconstrucción al capital privado más que como un gasto público, y las reglas que la ordenan las escriben, en tiempo real, quienes mejor las van a aprovechar.
Conviene ser claro en algo: esto no es un rasgo de este gobierno ni una herencia del anterior. Esto ocurre con cualquier administración: es lo que pasa cuando un Estado sin margen fiscal enfrenta una reconstrucción de esta escala, sea cual sea el gobierno de turno. La reconstrucción no la va a ganar quien más la necesite. La va a ganar quien primero entienda que ya empezó.