Kapital - Brief
¿Qué está cambiando ahora mismo en el entorno empresarial colombiano y qué significa para las decisiones de las empresas?
Lo que importa hoy, en cinco minutos
El terremoto presiona la caja, el clima amenaza la recuperación y el Canal del Dique vuelve a abrir una ventana de inversión.
Ocho días después del terremoto, Colombia continúa acompañando a las familias y comunidades que perdieron vidas, viviendas y negocios. Pero la emergencia empieza a entrar en una segunda etapa: ¿cómo sostener el tejido empresarial afectado, recuperar capacidad productiva y convertir los recursos de reconstrucción en actividad económica?
La dimensión del desafío empieza a revelarse, aunque todavía no existe un balance consolidado de los daños empresariales. Confecámaras identificó 269.786 empresas y cerca de 1,4 millones de empleos formales en los 127 municipios de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas con mayor exposición al terremoto. No significa que todas hayan sufrido daños: es la línea base del tejido empresarial potencialmente afectado. El 93% son microempresas, precisamente las que tienen menos capacidad financiera para soportar interrupciones prolongadas.
Los primeros censos territoriales empiezan, sin embargo, a ponerle números al daño efectivo. En el Valle del Cauca, la Gobernación reportó este 17 de agosto 1.462 unidades productivas afectadas y pérdidas preliminares cercanas a $47.000 millones. El conteo sigue abierto y todavía faltan mediciones comparables para el conjunto de las regiones golpeadas.
El terremoto llegó acompañado de condiciones financieras todavía restrictivas y cuando sobre el horizonte para el Pacífico se anuncia un segundo frente de acción que no admite aplazamientos: En efecto, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) elevó a más de 90% la probabilidad de un El Niño muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.
Al mismo tiempo, una decisión de la ANLA volvió a poner sobre el escenario empresarial colombiano uno de los mayores proyectos de infraestructura ambiental del Caribe: el Canal del Dique.
Así las cosas, la empresa colombiana entra en una temporada en la que liquidez y resiliencia pueden valer más que crecimiento.
La reconstrucción exige liquidez en un mercado de financiamiento costoso
El terremoto empieza a trasladarse desde los daños físicos hacia algo menos visible, pero igualmente determinante y hace referencia a la capacidad de las empresas para volver a operar.
La cadena cafetera dio la primera señal. Las restricciones en la vía Buga-Buenaventura y las inspecciones sobre la infraestructura portuaria obligaron a mantener parte de los despachos internacionales a través de Cartagena y Santa Marta. La Federación Nacional de Cafeteros aseguró que las exportaciones continuaban, pero la contingencia dejó expuesta una vulnerabilidad que trasciende al sector cafetero: una empresa puede conservar su planta y aun así perder capacidad de operar si falla la carretera, el puerto, la electricidad o un proveedor crítico.
La reconstrucción empresarial requerirá, por tanto, algo más que reparar edificios. Las compañías afectadas pueden necesitar al mismo tiempo reponer inventarios, financiar nómina, reparar activos, sustituir proveedores, modificar rutas logísticas y soportar períodos de menores ventas. En ese escenario queda al descubierto que el daño físico puede transformarse rápidamente en una necesidad extraordinaria de capital de trabajo.
Y allí aparece el segundo problema.
El 13 de agosto, el Banco de la República publicó su Reporte de la situación del crédito en Colombia, con corte a junio de 2026. El documento analiza oferta, demanda y acceso al financiamiento, así como las políticas de otorgamiento, modificación y reestructuración de préstamos. El reporte es anterior al terremoto y no registra todavía las necesidades financieras generadas por la emergencia, pero sí ofrece una fotografía de las condiciones crediticias con las que las empresas llegaron a ella.
La tasa de política monetaria permanece en 12%, nivel ratificado por la Junta Directiva el 31 de julio. Ese 12%, sin embargo, no es la tasa que paga una empresa cuando solicita un préstamo. Es la referencia desde la cual se transmiten las condiciones monetarias al sistema financiero. La tasa finalmente cobrada incorpora riesgo del deudor, plazo, garantías, modalidad de crédito y condiciones de cada entidad.
La diferencia ayuda a dimensionar el problema. Para agosto, la Superintendencia Financiera certificó un interés bancario corriente de 19,77% efectivo anual para crédito de consumo y ordinario, 28,00% para crédito productivo de mayor monto y 22,37% para crédito productivo rural. No son las tasas que necesariamente pagará cada empresa, pero muestran que el costo efectivo del financiamiento productivo puede estar bastante por encima de la tasa de política.
Para una compañía con caja suficiente, financiar el tránsito hacia la normalidad puede ser manejable. Para una microempresa que perdió inventario, enfrenta cartera atrasada o debe operar parcialmente durante semanas, el crédito caro puede convertirse en una segunda vulnerabilidad después del terremoto.
Por eso, las empresas con operaciones, clientes o proveedores en las zonas afectadas necesitan mirar más allá del inventario de daños. Deben estimar cuánto capital adicional requerirán, durante cuánto tiempo, qué parte pueden financiar con recursos propios y en qué condiciones tendrán que conseguir el resto. Plazo, período de gracia, garantías, tasa fija o variable y capacidad de servicio de la deuda pueden terminar siendo tan importantes como el monto solicitado.
El costo económico del terremoto no terminará de conocerse cuando se cuantifique el valor de los activos destruidos, dependen también del precio al que las empresas puedan financiar su regreso a la normalidad.
Una reconstrucción rápida necesita carreteras, infraestructura y recursos públicos. Pero necesita también empresas capaces de sobrevivir mientras esos recursos llegan. La primera tarea es reconstruir. La segunda, evitar que financiar esa reconstrucción convierta una crisis de liquidez en una crisis de solvencia.
PROPUESTA KapitalPaper | No abaratar todo el crédito, sino el que necesita reconstruir
Aquí aparece una decisión que ya no corresponde únicamente a los empresarios. Pedirle al Banco de la República que reduzca la tasa de política para toda Colombia como respuesta al terremoto sería una solución demasiado simple. La inflación anual todavía lejos de la meta de 3%, y la emergencia puede incluso generar nuevas presiones sobre algunos precios si persisten daños en infraestructura, transporte o abastecimiento.
Pero mantener una política monetaria nacional restrictiva tampoco significa que las empresas directamente afectadas deban reconstruirse necesariamente bajo las mismas condiciones ordinarias de crédito. Son dos problemas diferentes y pueden requerir instrumentos diferentes.
La tasa del Banco de la República debe seguir respondiendo a la inflación y a las condiciones macroeconómicas del país. La financiación de la reconstrucción puede responder al daño regional.
Colombia ya dispone de instituciones capaces de estructurar una respuesta de esa naturaleza. Bancóldex opera líneas de crédito destinadas a capital de trabajo, nómina, materias primas, modernización y sustitución de pasivos, incluso mediante programas territorialmente focalizados. El Fondo Nacional de Garantías, por su parte, puede reducir parte del riesgo que asume el intermediario financiero.
Una línea extraordinaria para las zonas afectadas podría combinar recursos de redescuento, garantías públicas, períodos de gracia y eventualmente una compensación parcial de tasa, manteniendo la evaluación crediticia en manos de los bancos comerciales.
Para evitar convertir una medida de emergencia en un subsidio permanente, tendría que cumplir cuatro condiciones: estar limitada a los territorios afectados, exigir evidencia de daño o afectación económica, restringir los recursos a recuperación productiva y tener una fecha clara de terminación.
El objetivo no sería rescatar empresas inviables. Sería impedir que empresas que eran viables el 9 de agosto desaparezcan porque el 10 de agosto perdieron inventarios, ventas o capacidad operativa.
Colombia no necesita necesariamente abaratar todo el crédito para abaratar el crédito que necesita reconstruir.
El próximo choque podría no ser telúrico, sino climático
Paralelo a la actualidad colombiana, en el Pacífico se configura un segundo frente de riesgo.
NOAA actualizó el 13 de agosto su diagnóstico: El Niño se está fortaleciendo y existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-2027. Para el trimestre octubre-diciembre, la agencia calcula además una probabilidad de 69% de que alcance una intensidad histórica, superior a los episodios registrados desde 1950 según su indicador. NOAA advierte, al mismo tiempo, que una mayor intensidad aumenta la probabilidad de impactos típicos de El Niño, pero no garantiza que estos ocurran exactamente igual en cada territorio.
Para el norte de Sudamérica, un evento fuerte aumenta el riesgo de calor, sequías e incendios, con consecuencias potenciales sobre agricultura, ganadería, generación hidroeléctrica y transporte fluvial. En otras partes de la región el efecto puede ser el contrario: lluvias excesivas e inundaciones.
Pero uno de los primeros impactos empresariales ya se observa fuera de Colombia.
El Canal de Panamá comenzó el 15 de agosto a operar con un calado máximo de 48,5 pies para buques Neopanamax. La Autoridad del Canal prevé reducirlo a 48 pies el 26 de agosto y a 47,5 pies desde el 3 de septiembre si persisten las condiciones hídricas. Un menor calado obliga a los barcos a transportar menos carga para cruzar con seguridad y puede aumentar el costo por unidad movilizada.
La lección de 2023 no se puede ignorar. Cuando cayó el nivel de los lagos que alimentan el Canal, Panamá tuvo que restringir tanto el calado como los tránsitos y el impacto terminó extendiéndose a las cadenas globales de suministro.
Colombia no es inmune a esa situación. Para una empresa colombiana que importa desde Asia, exporta por rutas que utilizan Panamá o depende de materias primas agrícolas y energía, El Niño irrumpe en sus proyecciones. Por tanto, las decisiones no dan espera: aumentar inventarios críticos, diversificar proveedores, revisar coberturas sobre commodities, reservar capacidad logística y modelar escenarios alternativos de energía y fletes, se hacen urgentes.
Eso también significa revisar capital de trabajo. Una empresa que normalmente mantiene treinta días de inventario puede decidir elevarlos para protegerse de interrupciones. Por otro lado, una que compra mercancía en Asia puede enfrentar viajes más costosos o menos carga disponible y una industria intensiva en electricidad puede necesitar incorporar escenarios de mayor generación térmica.
Para KapitalPaper, El Niño ya no es una variable climática, es una variable que incide directamente en la caja. Colombia enfrenta la posibilidad de reconstruir infraestructura y tejido empresarial mientras absorbe, en paralelo, un choque potencial sobre alimentos, energía y logística. Dos riesgos diferentes pueden terminar reclamando el mismo recurso: liquidez.
Por eso hay tres preguntas que deberían entrar desde ahora en cualquier comité de riesgos:
Operación: ¿qué tan resistente es realmente nuestra cadena de suministro?
Financiación: ¿con qué recursos cubriríamos una necesidad adicional de caja?
Clima: ¿qué ocurre si al choque físico actual se suma otro sobre alimentos, energía o logística?
El Canal del Dique se destraba
La ANLA expidió el 10 de agosto la Resolución 002130, mediante la cual revocó tres decisiones adoptadas en 2024 que habían exigido tramitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
La autoridad determinó que el Plan Hidro sedimentológico puede continuar como instrumento ambiental bajo un régimen de transición, aunque exigió actualizar información relacionada con agua, sedimentos, biodiversidad, cambio climático, ecosistemas estratégicos y derechos de las comunidades. La decisión elimina una de las principales incertidumbres regulatorias que mantenían detenida la fase constructiva.
No estamos ante una obra menor. El proyecto interviene cerca de 115 kilómetros entre Calamar y la bahía de Cartagena, abarca alrededor de 435.000 hectáreas y contempla 95 obras civiles, incluidas las intervenciones de los complejos de Calamar y Puerto Badel. La ANI calcula que beneficiará a más de 1,5 millones de personas y podría generar más de 61.000 empleos directos e indirectos.
La dimensión financiera también explica el interés empresarial. La ANI comprometió $5,6 billones en vigencias futuras, distribuidos mediante 29 aportes semestrales y sujetos al cumplimiento de indicadores técnicos. A diciembre de 2025 había girado más de $217.000 millones al patrimonio autónomo.
El Canal del Dique vuelve a ser un proyecto que merece entrar en la cartera de oportunidades de las empresas del sector (empresas de ingeniería, construcción, dragado, logística, transporte fluvial, consultoría ambiental y servicios especializados). Eso no significa contratos ni ingresos asegurados, pero sí que una barrera regulatoria importante acaba de moverse.
Y el efecto potencial no termina en la construcción, ya que el Canal del Dique conecta el río Magdalena con la bahía de Cartagena. Incluso en su fase preoperativa, desde junio de 2023 han transitado por el corredor más de 3.500 embarcaciones mayores y se han removido más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos para sostener la navegabilidad. Por eso, el impacto comercial del proyecto no debería medirse únicamente en cuántos barcos adicionales podrían circular.
Su verdadero potencial está en hacer más confiable la infraestructura que conecta producción, transporte fluvial y puertos. Menor sedimentación, continuidad de la navegación y menor exposición a inundaciones pueden reducir interrupciones y dar mayor previsibilidad al movimiento de mercancías.
Pero aquí aparece también la discusión que definirá el éxito del proyecto. El Canal del Dique no es solo infraestructura. Busca controlar inundaciones, limitar la intrusión salina, recuperar conexiones entre ciénagas, asegurar recursos hídricos y restaurar ecosistemas degradados. La decisión de la ANLA elimina la obligación de tramitar desde cero una nueva licencia ambiental, pero mantiene exigencias de actualización y seguimiento. Por eso, destrabar no puede convertirse simplemente en sinónimo de aprobar más rápido.
Para KapitalPaper el verdadero tamaño del Canal del Dique no está únicamente en los billones que moviliza. Apunta a un efecto de mayor integralidad y está en su posibilidad de convertir una obra de restauración ambiental en infraestructura económica para el Caribe: menor riesgo de inundaciones, una hidrovía más confiable, comunidades menos vulnerables y mayor continuidad para el movimiento de mercancías. La prueba para el nuevo Gobierno será demostrar que puede convertir seguridad jurídica en inversión ejecutada sin convertir la agilidad regulatoria en menor rigor ambiental.
Si lo consigue, el Canal del Dique puede transformarse en algo más que un proyecto destrabado y convertirse en el primer caso que muestre cómo piensa el nuevo Gobierno resolver una de las tensiones más difíciles de la economía colombiana que involucra a la sociedad en su conjunto y que históricamente se ha convertido en un escenario de tensión: producir más sin proteger menos.