Lo que importa hoy, en cinco minutos
Presupuesto 2027
El jueves 27, el gobierno De la Espriella radicó ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones, unos $59 billones más que el texto que dejó la administración anterior. Al incorporar pasivos y atrasos antes subfinanciados, el déficit fiscal proyectado sube a 9,4% del PIB en 2027, el nivel más alto en la historia reciente, y las necesidades de emisión de deuda casi se duplican, de $125,6 a $238,6 billones.
Es un giro deliberado. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo presentó como transparentar la realidad heredada, de modo que todo lo que antes no estaba en el presupuesto ahora quedó incluido. La apuesta política consiste en mostrar el desequilibrio antes que ocultarlo, para luego pedir al Congreso una “Ley de Ajuste Fiscal”, también llamada “Ley Rescate”, que recorte gasto por el equivalente a 2,2 puntos del PIB y baje el déficit hacia un rango de 7,2% a 7,4%.
El impacto recae sobre el marco en que operan todas las empresas, no sobre una en particular. La banca de inversión reaccionó de inmediato. Goldman Sachs advirtió que el punto de partida del ajuste es peor de lo que se entendía. Citi lo llamó un “reinicio fiscal”. JPMorgan lo consideró un paso adelante por preferir la transparencia, aunque señaló que la trayectoria de la Ley de Ajuste en el Congreso es el riesgo principal. El ajuste luce razonable en el papel, pero abre un año de incertidumbre legislativa y probable presión tributaria.
Los efectos aparecieron rápido. El peso cerró la semana como la moneda emergente que más se desvalorizó, con el dólar recuperando cerca de $154 ante el temor por las cuentas fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que, sin un ajuste creíble, la deuda neta podría escalar a 66,6% del PIB en 2027, un terreno de insostenibilidad. Para el resto del mundo empresarial colombiano, esto encarece el costo de capital de todo el país.
Ecopetrol
Ecopetrol convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para el 15 de septiembre. El eje es una reforma al artículo 20 de los estatutos que permitiría renovar seis de los nueve miembros de la junta directiva, flexibilizando las reglas que hoy protegen la permanencia de al menos tres. Como el gobierno tiene la mayoría accionaria, la plancha que propone será ratificada casi con certeza.
Es un movimiento de control estratégico. El gobierno busca alinear la dirección de la petrolera con sus directrices: la reforma reemplazaría buena parte de la junta mientras conserva a los representantes de departamentos, fondos de pensiones y trabajadores. Se mantienen tres nombres con función específica, entre ellos Ricardo Rodríguez Yee, cuya continuidad importa para no interrumpir las auditorías forenses y cumplir estándares de una compañía listada en Nueva York.
El impacto potencial pasa por la tensión entre control estatal y gobierno corporativo, y ese dato no es menor. Ecopetrol es la empresa más grande del país, con más del 60% de la producción de hidrocarburos y dueña del 51,4% de ISA, y cotiza en la BVC y la NYSE. Un recambio de junta impulsado por el accionista mayoritario, que es el Estado, inquieta a los minoritarios y a los inversionistas internacionales, que vigilan la independencia del órgano. La señal sobre cuánta autonomía técnica conserva la petrolera pesará en su valoración.
Data centers
El 30 de agosto, el gremio de centros de datos (ACOLDC) le pidió formalmente al gobierno resolver el reto energético para atraer inversión y crecer. El sector proyecta pasar de unos US$450 millones en 2025 a cerca de US$1.450 millones hacia 2031, es decir, triplicarse en seis años, impulsado por la nube y por la inteligencia artificial.
La solicitud expone la tensión que una tendencia internacional genera en el mercado local. El entrenamiento de modelos de IA disparó la demanda energética. Según datos del sector, la densidad por rack pasó de 7 kilovatios en 2021 a 27 en 2026. El capital global ya se despliega en el país: Equinix anunció el 20 de agosto US$28 millones para ampliar su centro BG2 en Bogotá, y ODATA, de Aligned Data Centers, planea US$1.300 millones para dos grandes centros en Cundinamarca (Mosquera y Tenjo, 144 MW combinados).
La oportunidad es grande: los data centers dinamizarían las telecomunicaciones, un sector de US$11.000 a US$15.000 millones anuales, y anclarían inversión en banca, salud y gobierno. Sin embargo, el obstáculo es doble y muy colombiano: la disponibilidad de energía, el mismo problema que golpea a la industria con el gas caro y El Niño encima, y la falta de incentivos tributarios frente a competidores como Chile. Es una carrera entre países, donde quien resuelva primero el suministro captura la inversión, mientras quien no lo haga la pierde ante México, Chile o Brasil.
Un actor local muestra cómo se aborda ese desafío desde dentro del sector de telecomunicaciones. Durante la Convención Bancaria de Asobancaria, el 27 de agosto, Claro reveló que en los últimos cinco años invirtió US$123 millones en sus centros de datos Triara, en Bogotá, y Megacenter, en Medellín. Solo en 2026 destina US$25,5 millones: US$14 millones para ampliar y modernizar infraestructura, y US$11,5 millones para fortalecer capacidades de ciberseguridad. El propósito es soportar mayor demanda de nube, analítica, inteligencia artificial y procesamiento intensivo de información. Sus datacenters ya son usados por cerca del 80% de las instituciones financieras, el 50% de las empresas y el 30% del Gobierno en Colombia, y concentran alrededor del 50% de la capacidad instalada del país.
El movimiento de Claro coincide con una transformación de su mercado tradicional. La integración entre Tigo y Movistar creó un segundo operador más cercano: la Comisión de Regulación de Comunicaciones calcula que Claro conserva cerca del 53% de los accesos móviles, mientras Tigo integrado se acerca al 39%. La distancia entre ambos pasó de unos 34 puntos porcentuales antes de la integración a cerca de 14. Claro, además, espera cerrar 2026 con cerca de 3.000 antenas 5G y cobertura aproximada del 30% del país.
La oferta que arma combina mayores estándares de conectividad, centros de datos, nube, ciberseguridad e inteligencia artificial. Para las empresas eso significa que el mismo proveedor que transporta sus datos puede alojarlos, protegerlos y aportar parte de la infraestructura donde ejecutarán aplicaciones e IA. La consecuencia competitiva es innegable e importa, ya que, cuantas más capacidades críticas concentra un proveedor dentro de la operación de su cliente, más profunda se hace esa relación y más difícil resulta reemplazarlo. Ante una Tigo-Movistar que puede acercarse en clientes y cobertura, Claro busca ventaja en la infraestructura tecnológica que las empresas necesitarán para digitalizarse, una capacidad adicional que aumenta el valor entregado al cliente.
Gilinski y GeoPark en Venezuela
Bloomberg reveló el 28 de agosto que el Grupo Gilinski está cerca de cerrar un acuerdo para operar el campo Bare, un yacimiento de crudo pesado y extrapesado en el estado Anzoátegui (Faja Petrolífera del Orinoco), a través de GeoPark, petrolera con sede en Bogotá de la que Gilinski es el mayor accionista con 28%.
Es el segundo paso de una estrategia encadenada. En marzo, Gilinski invirtió US$107 millones para comprar una participación en GeoPark, y ya entonces la lectura fue que apuntaba a Venezuela. El acuerdo del campo Bare materializa esa tesis: usó una adquisición accionaria como plataforma para una expansión operativa. Es una estrategia de diversificación geográfica y sectorial simultánea, que se suma a la presencia que Gilinski ya tiene en Venezuela en alimentos, con helados y chocolates a través de compañías vinculadas a Nutresa.
El movimiento aprovecha la oleada de inversionistas que la administración Trump promueve para reactivar la industria petrolera venezolana. Ese mismo fin de semana, Trump anunció un acuerdo por una quinta parte del petróleo del país vecino (65.000 millones de barriles y US$100.000 millones en inversiones proyectadas). Para el empresariado colombiano, la jugada de Gilinski indica que Venezuela pasó de riesgo a oportunidad de expansión y en una sola operación materializó adquisición, internacionalización e interpretación geopolítica.
El acuerdo está reportado, no confirmado: ni GeoPark ni Gilinski lo han anunciado de manera oficial, y no hay términos públicos, ni monto ni metas de producción. Hay un obstáculo de fondo que hoy no ofrece un norte claro, dado que el sector petrolero venezolano sigue bajo sanciones de Estados Unidos. La OFAC reemitió el 27 de agosto ocho licencias generales; la Licencia General 50C autoriza operaciones solo a seis compañías nombradas (BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell), y allí no aparecen ni GeoPark ni ninguna empresa de Gilinski. La estrategia sorprende por lo audaz, pero su ejecución depende de una autorización que hoy no está en el registro público.