Kapital - Brief
Lo que dejó la semana del 28 al 31 de julio, y el mes de julio para el empresariado colombiano.
La semana que cierra el mes más denso del año empresarial colombiano concentró cinco hechos corporativos con trayectoria: un arancel estadounidense que llega con facturas en dólares, una jornada laboral de 42 horas que revela el problema de fondo de la productividad colombiana, una Contraloría que intervino el Ministerio de Hacienda en un hecho sin precedentes, un cambio de liderazgo en BBVA Colombia que instala la primera presidenta en la historia del banco, y un mes de julio que, leído en su conjunto, dibuja el mapa más completo y más exigente que ha enfrentado el empresariado colombiano en años. Aquí está el análisis.
Las Cinco noticias de la semana
El arancel de Trump llega con factura: US$80 millones anuales y las flores en el centro del daño
El jueves 24 de julio la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hizo efectivo el arancel adicional de 12,5% sobre productos colombianos, elevando en 2,5 puntos porcentuales el recargo previo del 10% vigente desde febrero. La medida afecta exportaciones colombianas que en 2025 sumaron US$4.438 millones (cerca del 29,8% del total exportado a Estados Unidos) y deja a Colombia con una desventaja arancelaria de 2,5 puntos frente a México, Ecuador y Centroamérica, que continúan pagando 10%, según Asocapitales y Analdex.
El impacto concreto lo calculó la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex: US$80 millones anuales en aranceles adicionales. Los sectores más golpeados concentran el 64,2% del valor afectado: flores, follajes y plantas vivas (con US$1.899 millones exportados a EE.UU. en 2025), derivados de aluminio y transformadores eléctricos. El sector floricultor es el más expuesto: el 80% de sus ventas externas tienen como destino Estados Unidos y representan el 60% del mercado en ese país, según la Cámara Colombo Americana. Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, fue precisa: “Hasta abril del año pasado no había ningún arancel por el acuerdo de promoción comercial vigente desde 2012.” En menos de quince meses, el sector pasó de arancel cero a 12,5%.
¿Cuál es la razón técnica de la medida? Ante todo hay que aclarar que no es una sanción comercial ordinaria: la USTR determinó que Colombia no ha adoptado ni aplicado efectivamente una prohibición sobre importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso. El Ministerio de Comercio le había solicitado a la DIAN actualizar esa regulación antes del 6 de julio. La DIAN respondió que el encargado de definir la política es el MinCIT. El MinCIT dijo que ya había enviado insumos. El resultado de esa nueva descoordinación institucional fue el arancel.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, la situación tiene una salida: el gobierno De la Espriella ya habría tocado el tema con la Casa Blanca en diálogos previos, con la señal de que la entrada del nuevo gobierno vendría acompañada de la negociación. La norma que Colombia no expidió a tiempo puede expedirse en los primeros días de agosto. El costo de no haberlo hecho antes: US$80 millones que el sector exportador paga cada año hasta que eso ocurra.
Lo que KapitalPaper conecta con ediciones anteriores: Este arancel es el cuarto frente de presión simultánea que enfrentan los exportadores colombianos que KapitalPaper ha documentado a lo largo del mes: peso fuerte que reduce el valor en pesos de sus ingresos en dólares, inflación que eleva sus costos de producción, El Niño que amenaza ocho de sus diez principales cultivos de exportación, y ahora un arancel que encarece su acceso al mercado más grande del mundo. Los cuatro llegaron en el mismo mes y ninguno tiene solución rápida.
La jornada de 42 horas revela el problema real: Colombia produce US$18,7 por hora trabajada frente a US$84,1 de EE.UU.
Dos semanas después de su entrada en vigor, la jornada laboral de 42 horas tiene su primer análisis de fondo que va más allá del debate sobre costos de nómina. El programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, con datos del Compendio de Indicadores de Productividad 2026 de la OCDE, reveló esta semana el número que cambia el debate: Colombia genera apenas US$18,7 de PIB por cada hora trabajada, el nivel más bajo entre las economías comparadas por la organización. Estados Unidos alcanza US$84,1, es decir, 4,5 veces más.
La conclusión de Giovanna Florián, directora del programa, es la que ningún comunicado gremial sobre la jornada había planteado con esa precisión: “El dato desmonta una idea muy instalada: Colombia no tiene un problema de falta de horas, sino de bajo valor producido durante esas horas.”
Las implicaciones para el empresariado son matemáticamente verificables. Una empresa que obtenía un determinado resultado en 48 horas necesita incrementar en 14,3% el rendimiento por hora para alcanzar exactamente la misma producción en 42 horas, sin considerar que la reducción acumulada desde 2023 ya suma un 12,5% de la jornada total. La pregunta que el análisis plantea y que cada empresa debe responder por sí misma es esta: ¿la jornada más corta eliminó tiempos muertos o simplemente concentró la misma carga en menos horas?
La respuesta no es la misma para todos los sectores. Una empresa con procesos automatizados y flujos de trabajo digitalizados puede absorber la reducción sin pérdida de output. Una empresa con 54,7% de informalidad en su cadena de proveedores y reuniones de dos horas que resuelven en diez minutos lo que podría resolverse en un correo tiene un problema diferente. El dato de la OCDE no condena la reforma, por el contrario, evidencia la necesidad de colocar sobre la mesa de análisis la manera como debe abordarse la eficiencia. Las empresas que no la aprovechan para transformar sus procesos la pagarán con márgenes más delgados.
Este es el tercer Brief que KapitalPaper dedica a la jornada de 42 horas: el primero advirtió el triple choque de julio, el segundo reportó que el 68% de las empresas esperaba impacto negativo en rentabilidad. Este tercero instala el argumento más poderoso: la reforma no es el problema, la productividad sí. Y eso no lo resuelve ningún decreto.
La Contraloría intervino el Ministerio de Hacienda y abrió investigación por el canje de TES: la factura fiscal del gobierno saliente empieza a tener nombre.
El martes 28 de julio, la Contraloría General de la República realizó una intervención física en el Ministerio de Hacienda con acompañamiento de Policía Judicial, lo cual constituyó un hecho sin precedentes en la historia reciente del control fiscal colombiano. El motivo inmediato: detectar riesgos en las finanzas públicas tras la suscripción de más de 14.000 contratos por $4,55 billones después del fin de la Ley de Garantías, con un aumento del 22,5%.
Pero la investigación más relevante que detonó la visita es la del canje de TES de octubre de 2025: una operación en la que el Gobierno intercambió $43,4 billones en instrumentos de deuda por $35,4 billones en nuevos títulos, sustituyendo bonos con cupones de aproximadamente 7,25% por nuevos títulos con tasas del 11,75% y 12%. El resultado, según la Contraloría: un incremento en los pagos anuales de intereses de cerca de $316.500 millones, y la transformación de deuda temporal en deuda permanente, es decir, trasladando billones de pesos en costos de financiación a los próximos gobiernos.
El organismo de control remitió el caso a la Inspección General para evaluar sanciones contra los funcionarios responsables. El Ministerio de Hacienda defendió la operación argumentando que las tasas reflejaban las condiciones del mercado. La Contraloría rechazó esas explicaciones.
Este hallazgo amplía el mapa fiscal que KapitalPaper ha venido construyendo desde el Brief del 11 de junio sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En esa edición documentamos que el recaudo proyectado cayó $40 billones frente a lo presupuestado. En el Brief del 22 de julio sobre el informe de Anif, documentamos que el ajuste fiscal necesario es de $53 billones. Ahora la Contraloría agrega una tercera capa: el canje de TES incrementó el costo anual del servicio de la deuda en $316.500 millones, una carga adicional que De la Espriella heredará desde el primer día de su mandato. La aritmética fiscal del nuevo gobierno es más difícil cada semana que pasa.
BBVA Colombia tendrá su primera presidenta: Gloria Couceiro asume en septiembre con tres retos simultáneos.
El miércoles 29 de julio BBVA anunció que Gloria Couceiro asumirá como presidenta ejecutiva de BBVA Colombia a partir del 1 de septiembre, en reemplazo de Mario Pardo, quien lideró la entidad durante seis años y medio. Couceiro (española, economista, con 27 años en el grupo) se convierte en la primera mujer en presidir BBVA Colombia y en una de las pocas que actualmente dirigen establecimientos de crédito en el país.
Pardo pasa a ser Global Head of Institutional Engagement del Grupo BBVA, reconocimiento a una gestión que consolidó a BBVA como el mayor inversor internacional del sector financiero colombiano, con presencia en los 32 departamentos y más de 6.300 empleados al cierre de junio de 2026.
Couceiro llega desde la dirección global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones del grupo, un perfil financiero y de control de gestión, no comercial ni de banca de inversión. Esa especialización no es casual: asume el cargo en el momento exacto en que BBVA Colombia enfrenta tres retos simultáneos que requieren precisamente ese perfil. Primero: la implementación de la inversión de COP$300.000 millones en inteligencia artificial que el banco anunció en abril de 2026. Segundo: la adaptación al nuevo entorno regulatorio del gobierno De la Espriella, cuya política financiera todavía está por definirse. Tercero: la competencia de Nubank, que llega con US$130 millones de inversión en Colombia y una agenda explícita de expansión en el segmento de empresas medianas y pequeñas donde BBVA tiene posición relevante.
KapitalPaper en el Brief del 22 de julio documentamos la reorganización de Nubank con Livia Chanes como CEO regional y la señal de expansión hacia el segmento empresarial colombiano. La llegada de Couceiro a BBVA instala el escenario completo: la banca digital más agresiva de América Latina y la banca española con mayor presencia en el país van a competir de forma directa en el segmento de MiPymes colombianas durante los próximos años. Para ese segmento, más competencia bancaria significa más opciones de financiamiento y potencialmente tasas más bajas, exactamente lo contrario de lo que el Brief sobre crowding out describió como el problema estructural del crédito en Colombia.
Análisis del mes
Julio de 2026 fue el mes empresarial más denso que ha cubierto KapitalPaper desde que inició esta serie editorial. No por la cantidad de noticias, sino por la naturaleza simultánea de los cambios que introdujo. Aquí está la lectura de conjunto.
Lo que mejoró en julio
El sector financiero mostró su mejor cara. BBVA anuncia la primera presidenta de su historia en Colombia y compromete COP$300.000 millones en IA. Nubank llega a los cinco millones de clientes con US$130 millones de inversión confirmada. Bancolombia cerró la venta de Banistmo por US$1.428 millones y reorientó su estrategia regional. Tres decisiones corporativas en un solo mes que describen un sector financiero que se transforma, invierte y compite con mayor intensidad que en cualquier período reciente. Para el empresariado colombiano, más bancos compitiendo con mayor tecnología es la mejor noticia estructural del mes.
El M&A subió 75% en capital movilizado. En un mes en que el país terminaba su proceso electoral y definía gobierno, el capital privado votó con dinero real a favor de Colombia. Menos operaciones, más grandes, más estratégicas. Esa señal (capital paciente de largo plazo en lugar de capital especulativo de corto) es la que sostiene la tesis de que Colombia, bajo el gobierno De la Espriella, puede ser el destino de inversión más dinámico de América Latina en los próximos años.
La transición energética avanzó más rápido de lo esperado. Colombia superó los 4 GW en solar y eólico. La energía solar superó al gas como segunda fuente de la matriz eléctrica. Para las empresas industriales con consumo energético intensivo, ese avance abre una ventana real de autogeneración solar con retorno de inversión de 4 a 7 años.
Lo que empeoró en julio
El sector exportador recibió cuatro golpes simultáneos. Peso fuerte que reduce márgenes en pesos, inflación que sube costos de producción, El Niño que amenaza ocho de diez cultivos de exportación, y un arancel de 12,5% que el gobierno saliente no evitó por falta de coordinación institucional. Los cuatro llegaron en el mismo mes. El sector floricultor (que pasó de arancel cero a 12,5% en quince meses) es el caso más dramático: enfrenta todos los frentes simultáneamente sin ningún colchón de tiempo para ajustarse.
La herencia fiscal del gobierno saliente resultó más pesada de lo proyectado. La Contraloría intervino Hacienda, investigó el canje de TES que agrega $316.500 millones anuales al costo de la deuda, y documentó 14.000 contratos por $4,55 billones suscritos después del fin de la Ley de Garantías. El ajuste fiscal que Anif estimaba en $53 billones ahora tiene capas adicionales que hacen la aritmética más difícil. El gobierno De la Espriella hereda no solo un déficit: hereda compromisos de gasto ya ejecutados y costos de deuda ya aumentados.
La productividad laboral quedó expuesta. El dato de la OCDE (US$18,7 de PIB por hora trabajada frente a US$84,1 de EE.UU.) convirtió el debate sobre la jornada de 42 horas en un debate sobre la eficiencia empresarial colombiana. Ese debate no tiene respuesta cómoda ni solución rápida. Requiere inversión en tecnología, reorganización de procesos y formalización de la cadena productiva. Ninguna de las tres ocurre en un trimestre.
Ecopetrol sumó una vulnerabilidad nueva. Al ciberataque del 17 de julio que comprometió 15 empresas del grupo y 3.300 cuentas, se sumaron la convención colectiva de seis años que blindó la gestión sindical hasta 2031 y la denuncia preposesoria del gobierno entrante por un contrato millonario. La empresa más grande de Colombia cerró julio con más frentes abiertos que en cualquier mes de los últimos dos años.
La pregunta de agosto
Julio fue el mes de las herencias: la herencia fiscal, la herencia energética, la herencia arancelaria, la herencia laboral. Agosto es el mes de las decisiones: el 7 de agosto toma posesión De la Espriella y el tablero cambia de mano.
El empresariado colombiano llega a ese cambio con tres certezas y una incógnita.
Las certezas: las tasas del BanRep en 12% no bajarán antes de 2027; la inflación en 6,14% no llegará a la meta antes de 2028; y el arancel de 12,5% estará vigente hasta que Colombia expida la norma que debió expedir en junio.
La incógnita: si el nuevo gobierno tiene capacidad de gobernar la economía con un Congreso sin mayoría propia, una deuda heredada más costosa de lo calculado y una agenda fiscal que debe resolverse antes de que termine el año.