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Durante los primeros días de octubre, esas tres noticias empezaron a moverse al mismo tiempo. Nutresa simplifica quién la controla, la ANDI debe decidir quién representará a los empresarios y Soto Norte vuelve a acercarse a una decisión de inversión. Tres movimientos sobre propiedad, representación y reglas para crecer.
Nutresa cierra la estructura que hizo posible la toma de control
Grupo Nutresa perfeccionó el 1 de octubre la fusión por absorción de JGDB Holding y Nugil, las dos sociedades que habían servido como vehículos para consolidar el control del conglomerado por parte del Grupo Gilinski.
Antes de la operación, JGDB tenía 44,28% del capital con derecho a voto de Nutresa y Nugil otro 31,86%. En conjunto representaban 76,14%. Ambas sociedades se disolvieron sin liquidarse y transfirieron a Nutresa todos sus activos, pasivos y patrimonio. Más de 99% de los activos de esos vehículos correspondía precisamente a acciones de Nutresa
La operación no cambia al beneficiario final ni transfiere el control a un tercero. Su efecto es diferente: elimina dos capas societarias que ya habían cumplido su propósito dentro de la adquisición.
Para ejecutar la reorganización, Nutresa emitió cerca de 344 millones de acciones ordinarias. JGDB Holding recibió 200,2 millones y Nugil Overseas otros 144 millones. No hubo pago en efectivo ni nueva financiación. Después de incorporar los efectos de la fusión, la compañía estima activos por $9,43 billones, pasivos por $1,10 billones y patrimonio cercano a $8,33 billones.
El movimiento llega, además, en medio de una fase mucho más activa del conglomerado. Un día antes Nutresa informó un acuerdo para adquirir 100% de Empaques Industriales de Colombia, fabricante de empaques de cartón corrugado, después de movimientos recientes en Ecuador y Venezuela. El valor de esta compra no fue revelado y el cierre continúa sujeto a las condiciones correspondientes.
La adquisición de Empaques Industriales debe analizarse con cautela hasta conocer mejor su escala y las condiciones de la operación. Pero estratégicamente plantea una pregunta interesante: hasta dónde quiere Nutresa internalizar capacidades que antes podía contratar a terceros.
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Ganar el control de una compañía es solamente el comienzo. Después viene la tarea más difícil: convertir ese control en una arquitectura empresarial más eficiente.
Los Gilinski utilizaron JGDB y Nugil para acumular las acciones que les permitieron transformar la propiedad de Nutresa. Una vez alcanzado ese objetivo, mantener esas sociedades intermedias tenía una utilidad distinta.
Durante varios años la historia de Nutresa fue una disputa por la propiedad. Esa etapa parece estar dando paso a otra: qué hace el nuevo controlador con la compañía una vez adquirido el control.
Absorber los vehículos societarios simplifica la estructura de propiedad. Comprar una empresa de empaques, en cambio, acerca al grupo a un insumo utilizado por su propia cadena industrial.
Son decisiones distintas, pero apuntan hacia una misma idea: menos complejidad arriba y mayor control operativo abajo.
La lección para otras empresas familiares y grupos colombianos es pertinente: una estructura societaria puede ser útil para comprar, financiar o proteger una inversión y dejar de serlo cuando cambia la etapa del negocio.
La pregunta por seguir ahora es qué viene después de la simplificación: más integración vertical, nuevas adquisiciones regionales, reducción de costos o una transformación todavía mayor de Nutresa.
La ANDI busca presidente. Lo que está en discusión es quién podrá hablar por los empresarios.
Bruce Mac Master renunció el 1 de octubre a la Presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) después de cerca de 13 años al frente del gremio.
Su carta no presentó la salida simplemente como el cierre de un ciclo. Mac Master afirmó que durante las últimas semanas se habían producido circunstancias que hicieron más difícil el entorno de la Asociación y sostuvo que “múltiples presiones” habían afectado su capacidad para actuar libremente y con autonomía.
El Gobierno ha ofrecido una lectura distinta. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que se trató de una decisión autónoma de la ANDI y señaló que cuanto más fluida sea la comunicación entre gremios y Gobierno, mejor para ambas partes.
La consecuencia empresarial ya está en marcha: la ANDI inició la búsqueda de su presidente número 12. A lo largo de sus más de ocho décadas ha tenido apenas 11 presidentes, con una permanencia promedio cercana a 7,4 años, de modo que el relevo no corresponde a un movimiento rutinario.
Durante estos días han comenzado a circular nombres como Antonio Celia, Alberto Samuel Yohai, María Claudia Lacouture y María Paula Correa, entre otros, aunque no existe todavía una candidatura oficial ni una decisión de la Junta.
La elección no determinará únicamente quién administra un gremio. La ANDI reúne empresas de sectores con intereses que no siempre coinciden: manufactura, energía, alimentos, salud, servicios, infraestructura y tecnología, entre otros. Su presidente debe construir una posición común entre compañías que compiten entre sí y, al mismo tiempo, mantener interlocución con Gobierno, Congreso, trabajadores y opinión pública.
La sucesión ocurre además cuando esa interlocución se ha vuelto más sensible. Por eso hay dos riesgos opuestos.
Una ANDI incapaz de relacionarse con el Gobierno perdería capacidad de influir sobre decisiones que afectan a sus afiliados. Pero un gremio percibido como excesivamente cercano al poder también puede perder una parte del activo que justifica su existencia: representar posiciones empresariales con autonomía, incluso cuando resultan incómodas para el Ejecutivo.
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El próximo presidente de la ANDI tendrá que administrar algo más complejo que las relaciones institucionales: tendrá que preservar simultáneamente acceso e independencia.
Ese equilibrio es difícil porque las dos cosas pueden entrar en tensión.
Para el empresariado colombiano, la discusión tampoco debería reducirse a quién tiene mejores relaciones políticas. El interrogante de fondo es qué modelo de representación necesita el sector privado cuando sus empresas requieren cooperación con el Estado, pero también organizaciones capaces de expresar desacuerdos sin que cada diferencia rompa la interlocución.
En otras palabras: la decisión no es solamente quién sucede a Bruce Mac Master. Es qué tipo de ANDI quieren sus propias empresas afiliadas.
Soto Norte vuelve a acercarse a una decisión de inversión
Aris Mining informó que completó la preparación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de Soto Norte, su proyecto subterráneo de oro y cobre en Santander.
Durante octubre la compañía iniciará reuniones con las comunidades de Matanza, Suratá y California. Presentará el estudio, recibirá observaciones y posteriormente deberá finalizar el documento para incorporarlo a su solicitud de licencia ambiental. Obtener esa licencia continúa siendo un requisito previo para decidir la construcción del proyecto
La dimensión ayuda a entender por qué merece atención empresarial.
Según el estudio de prefactibilidad presentado por Aris, Soto Norte cuenta con 4,6 millones de onzas de oro en reservas probadas y probables, una vida inicial estimada de 22 años y producción media cercana a 203.000 onzas anuales durante los primeros 21 años. La compañía estima alrededor de 2.300 empleos durante la construcción y 675 durante la operación.
Pero el cambio más relevante está en el entorno regulatorio.
Durante agosto se habían expedido decisiones ambientales que afectaban el marco aplicable a la región. Después del cambio de Gobierno, el Ministerio revocó la reserva definitiva de La Baja argumentando irregularidades de procedimiento y la necesidad de rehacer el proceso con garantías de participación.
Aris afirma además que decisiones adoptadas a finales de septiembre eliminaron otras restricciones regulatorias que afectaban su ruta: la compañía sostiene que la reserva temporal volvió a su fecha original de vencimiento, marzo de 2027, mientras el proceso de delimitación de Santurbán deberá continuar bajo un nuevo procedimiento. El proyecto, según Aris, está fuera del páramo y de su zona de amortiguación.
Eso no significa que Soto Norte esté aprobado. La licencia ambiental sigue pendiente, el proceso comunitario apenas entra en una nueva etapa y la protección de Santurbán continúa siendo parte central de la discusión.
Soto Norte permite observar algo que afecta proyectos mucho más allá de la minería: cuánto valor empresarial depende de la capacidad de convertir reglas, permisos y legitimidad social en una decisión de inversión.
Aris ya tiene un yacimiento identificado, reservas, un diseño técnico y un plan minero aprobado por la Agencia Nacional de Minería. Pero todavía no puede construir. El activo económico existe. La inversión todavía no. Entre ambos está el proceso de licenciamiento.
Para proyectos de infraestructura, energía, minería e industria pesada, el costo de capital no depende únicamente de tasas de interés. También depende de cuánto tiempo puede pasar entre diseñar un proyecto y saber si finalmente podrá ejecutarse.
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La regulación puede crear o destruir valor antes de que una empresa produzca una sola unidad. Soto Norte aún debe demostrar que puede cumplir las exigencias ambientales y sociales necesarias para operar. Pero también muestra el costo empresarial de una ruta regulatoria cuyo resultado y calendario son difíciles de anticipar.
La señal para Colombia no debería interpretarse como que licenciar más rápido significa licenciar sin controles. El desafío competitivo es otro: hacer exigentes las reglas sin hacer impredecible el camino para cumplirlas.
Para un inversionista existe una enorme diferencia entre un proyecto difícil de aprobar y un proyecto cuyo procedimiento de aprobación no puede anticiparse.