Colombia tiene 52 millones de habitantes, un PIB de poco más de 330.000 millones de dólares y 1.655 conglomerados empresariales registrados ante la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, el PIB se nutre del aporte de las MyPimes que hoy es del orden del 40%, generado por el 99% del universo de las empresas del país, y de estas, el 85% de los trabajadores ocupados lo hacen en condiciones de informalidad.
Después de 155 años de vida republicana, la riqueza generada se concentra, de acuerdo con el índice de Gini en el 54.8% para el 2025, lo cual indica que Colombia se mantiene como uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingresos. Situación que se replica, pero con mayor gravedad, para una nación que se identifica a sí misma como de origen campesino, en el coeficiente de Gini para la propiedad rural, el cual según el IGAC es del 0.89 (en una escala de 0 a 1, donde 1 representa la máxima concentración). Este dato revela una profunda asimetría. El 1% de los mayores propietarios posee el 45% de la tierra rural, mientras que el microfundio (predios muy pequeños) representa el 62.2% de los predios, pero ocupa apenas el 4.2% del área rural.
Estas cifras no son un accidente histórico, son la huella de una trayectoria institucional que la economía política identifica con precisión. Para Douglass North (Premio Nobel de Economía de 1993), las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, ellas comprenden tanto las formales (constituciones, leyes, contratos) como las informales (clientelismo, redes de favor, códigos no escritos de poder). Colombia no carece de instituciones formales modernas. Tiene una Constitución garantista, banco central autónomo, Corte Constitucional fuerte y un extenso aparato estatal. El problema es más profundo, esas instituciones formales conviven con instituciones informales (clientelismo, captura regulatoria, intermediación política, débil presencia territorial del Estado) que muchas veces las reorientan, bloquean o capturan.
El resultado, según Daron Acemoglu y James A. Robinson (ganadores del Premio Nobel de Economía 2024), es un “dualismo institucional”: una capa de instituciones formales inclusivas que coexiste con prácticas informales profundamente extractivas, que neutralizan la capacidad redistributiva de las primeras.
La arquitectura institucional construida en el siglo XX, incluida la Constitución de 1991, no logró revertir ese patrón porque las estructuras de poder económico-político han retenido suficiente poder político para moldear las nuevas reglas a su favor. Es lo que se ha denominado como la dependencia de trayectoria (path dependence); una vez establecidas, las instituciones generan grupos de interés que se benefician de ellas y resistirán activamente el cambio, incluso cuando ese cambio sería socialmente eficiente. Es la razón que explica por qué el Gini colombiano apenas se mueve, sin importar qué partido gane las elecciones.
La pobreza (aspecto muy sensible en períodos de elecciones presidenciales) según las fuentes oficiales consultadas indican que para el año 2025 la población en pobreza monetaria es del 33%, lo que equivale a 16.708.153 personas y de este universo, la población en pobreza monetaria extrema es del 11.4%, es decir, 5.785.529 colombianos que hoy no tienen ingresos suficientes ni siquiera para cubrir una canasta básica de alimentos.
En ese escenario se mueven las pasiones que despierta el proceso democrático en Colombia. Pero, si usted quiere entender quién toma las decisiones que realmente mueven la dinámica de la riqueza en Colombia, necesita conocer a un número mucho más pequeño de actores. Quizás una decena de familias. Cinco de ellas concentran una proporción del poder económico que no tiene parangón en ninguna democracia comparable de América Latina.
KapitalPaper en este artículo no pretende ser un directorio. Tampoco es una denuncia. Es realmente un mapa: es la radiografía que KapitalPaper puede ofrecer de cómo está organizado el mercado generador de riqueza colombiano, quiénes son sus protagonistas, cómo se relacionan entre sí y qué implica esa concentración para cualquier empresario, inversionista o líder que necesite leer bien el entorno.
La pregunta que guía este análisis no es quién tiene más dinero, es más bien, una pregunta incómoda: ¿quién tiene suficiente poder para que sus decisiones cambien las reglas del juego para todos los demás? Y esa distinción es vital.
En Colombia, entender cómo funciona la riqueza es entender cómo funciona el poder. No son cosas separadas.
El escenario: dimensiones del capital en Colombia
El aspecto clave es entender la escala como perspectiva de análisis. La Superintendencia de Sociedades publicó en 2024 la radiografía más completa del tejido corporativo colombiano. Los resultados se pueden sintetizar de la siguiente forma:
Los 1.655 conglomerados no son otra cosa que matrices y sus subordinadas. En donde la concentración resulta abrumadora: los cinco grupos más grandes por ingresos, encabezados por Invernac (familia Santo Domingo, $21.2 billones), Amov Colombia (Claro, $15.6 billones), Bavaria ($13.8 billones), la Gestora Adminegocios del Grupo Aval ($13.7 billones) e Inversiones Olímpica de la familia Char ($12.1 billones), los cuales concentran $76.6 billones en ingresos y $109.2 billones en activos, generando una evidencia irrefutable de lo abrumador de la concentración: solo esos cinco grupos mueven más que el presupuesto general de la Nación.
El poder también se expresa en la geografía. Bogotá concentra el 43% de los conglomerados. Antioquia el 22%. Valle del Cauca el 8%. Esta evidencia no es un accidente: refleja tres modelos empresariales con culturas, historias y relaciones con el Estado muy diferentes entre sí.
Tres ciudades, tres modelos
El capitalismo bogotano es financiero y político. Nació de la banca, creció con las concesiones de infraestructura y se consolidó con acceso privilegiado al Estado. Es el capitalismo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de los contratos de obra pública, de los créditos sindicados y de los corredores que conectan la sala de juntas con el Ministerio de Hacienda.
El capitalismo antioqueño es industrial y comunitario. Nació de la manufactura textil, creció con la diversificación hacia alimentos, cemento y servicios financieros, y se protegió con una ingeniería societaria sin precedentes: el enroque. Es el capitalismo que construyó el GEA, que resistió durante 46 años los intentos de compra externa y que finalmente cedió ante la ofensiva de Jaime Gilinski y sus socios árabes entre 2021 y 2024.
El capitalismo costeño es comercial y político. Nació del comercio de inmigrantes árabes y se diversificó hacia el retail, los medios y la política. No compite con la banca bogotana ni con la industria antioqueña: los complementa, los financia y los influencia desde el Congreso y las alcaldías. La familia Char es su arquetipo más acabado.
No hay una Colombia empresarial. Hay tres, con lógicas, culturas y relaciones con el Estado profundamente distintas. Leerlas como una sola es el primer error de diagnóstico.
La economía institucional ofrece una lectura adicional de esos tres modelos que va más allá de la geografía o la cultura. Cada uno refleja una forma distinta de relacionarse con el Estado y, por tanto, con las reglas del juego. El capitalismo bogotano maximizó sus activos a través del acceso privilegiado al Estado: concesiones, crédito público, regulación financiera a medida. En el lenguaje de George Stigler, es el manual de la captura regulatoria que se materializa cuando los actores privados con mayor poder, moldean las reglas formales para proteger sus posiciones.
El capitalismo antioqueño, en cambio, construyó su propio mecanismo de autoprotección, reflejado en el enroque del GEA, el cual fue esencialmente una institución informal corporativa, un sistema de reglas acordadas entre jugadores que preferían gobernar sus propias transacciones antes que quedar expuestos al mercado abierto. North diría que el GEA era una organización que había internalizado una institución; las participaciones cruzadas no eran solo una estructura financiera, sino una regla informal que estructuraba expectativas para reducir costos de transacción y disuadió a los competidores durante cuatro décadas.
El capitalismo costeño, por su parte, fue el que más claramente convirtió el poder político en activo económico, entendiendo que en Colombia el clientelismo opera como institución informal de distribución, en donde quien controla el acceso electoral controla también el acceso a contratos, subsidios y regulación. La familia Char entendió antes que nadie que ese activo no aparece en ningún balance contable, pero vale más que cualquier marca registrada.
Los cinco grupos que definen el capitalismo colombiano
Tradicionalmente los análisis del poder empresarial en Colombia suelen empezar por las fortunas personales, KapitalPaper prefiere empezar por los grupos, porque el poder en Colombia no opera individualmente, opera en estructuras. Una familia puede perder una batalla individual y seguir controlando el escenario si su estructura está intacta. Por eso lo que es determinante, más allá del ranking por fortuna, es cómo está construido el vehículo que usa para ejercer poder.
1. La familia Santo Domingo: el capitalismo de la discreción
El grupo más grande de Colombia por ingresos operacionales no tiene el apellido de su fundador en ningún letrero visible. Invernac & Cía., el vehículo de inversión de la familia Santo Domingo, generó $21.2 billones en ingresos en 2024. Pero la mayoría de los colombianos no sabe quién controla esa sociedad ni qué hay dentro de ella.
La historia comienza con Julio Mario Santo Domingo, quien construyó uno de los primeros grandes imperios empresariales del país alrededor de Bavaria, la cervecera que durante décadas dominó el mercado nacional. Cuando AB InBev absorbió a SABMiller en 2016, la familia recibió acciones del mayor grupo cervecero del mundo a cambio de su participación en Bavaria. Hoy, la fortuna Santo Domingo en Colombia está representada principalmente por esa posición en AB InBev, gestionada desde un holding domiciliado en el exterior.
Las generaciones siguientes diversificaron hacia medios de comunicación (El Espectador), aviación (participación en Avianca), retail y otros activos. Beatriz Dávila de Santo Domingo figura en el puesto 908 del ranking Forbes 2026 con un patrimonio de US$4.700 millones. Su hijo Alejandro Santo Domingo suma US$3.300 millones adicionales. La familia completa supera ampliamente los US$10.000 millones en activos globales.
El poder Santo Domingo no es político en el sentido electoral. Es el poder del acceso silencioso, el del empresario que no necesita candidatos porque ya tiene relaciones directas con todos los que ganen. Es el capitalismo de la discreción estratégica, el que opera por debajo del radar mediático precisamente porque no lo necesita.
Invernac & Cía. (Santo Domingo)
ingresos 2024: $21,2 billones COP
Mayor conglomerado privado de Colombia por ingresos operacionales
Fuente: Supersociedades 2024.
2. Luis Carlos Sarmiento Angulo: el Estado paralelo
Si hay un personaje que encarna la fusión entre el capital financiero y el poder político en Colombia, ese es Luis Carlos Sarmiento Angulo. A sus 93 años, el empresario bogotano es dueño del mayor holding financiero del país, controla activos que equivalen a una fracción significativa del PIB colombiano y ha construido una red de influencia sobre el Estado que no tiene equivalente en ningún otro sector de la economía.
El Grupo Aval, con Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas, Porvenir y Corficolombiana como activos centrales, maneja una cartera bruta consolidada que al cierre del primer trimestre de 2026 ascendió a $193.7 billones, con depósitos totales de $216.8 billones.
Para dimensionar: eso representa aproximadamente el 60% del PIB colombiano consolidado en un solo grupo financiero privado.
Sarmiento no construyó ese poder desde la herencia. Empezó como ingeniero civil a los 23 años, dio el salto a la construcción de vivienda popular en Bogotá y desde ahí accedió al sistema financiero. Su primer banco, el de Occidente, lo compró en los años setenta cuando estaba intervenido por la Superintendencia Bancaria y lo ofreció con un descuento del 30%. Lo que siguió fue una expansión metódica, paciente y casi siempre opaca, comprando en los valles de la crisis, consolidando en los picos del crecimiento.
El analista de Razón Pública lo describió con precisión, Aval no es solo un holding financiero, es ‘la fusión monopolista entre el capital bancario y el capital industrial’. La relación de la organización con el Estado (exministros de Hacienda en sus juntas, expresidentes en sus redes, concesiones viales multibillonarias, presencia en cada ciclo de gobierno sin importar el partido) ha sido documentada pero raramente analizada con la profundidad que merece.
Sarmiento Angulo se retiró de la presidencia de la Junta del Grupo Aval en 2024, cediendo el cargo a su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. La transición no cambió la estructura de control; la familia posee cerca del 80% de las acciones del holding. Forbes 2026 estima su patrimonio en US$10.000 millones.
El primer trimestre de 2026 trajo una señal de alerta, la utilidad neta del Grupo Aval cayó 6.8% frente al mismo período de 2025, impactada por el impuesto al patrimonio decretado por el gobierno actual, que redujo la utilidad atribuible en $210.100 millones. Esa caída, marginal en términos porcentuales, es una señal de que incluso el poder más consolidado del capitalismo colombiano tiene exposición al riesgo regulatorio.
La relación entre el Grupo Aval y el Estado colombiano no es de confrontación ni de captura. Es de simbiosis. Cada gobierno necesita al banco para colocar deuda. El banco necesita al gobierno para sostener el modelo. Esa ecuación lleva décadas funcionando.
Para el lector de KapitalPaper que quiera leer esa simbiosis con mayor precisión analítica, Oliver Williamson ofrece el marco más útil. Las grandes concesiones de infraestructura que vinculan al Grupo Aval con el Estado colombiano no son contratos ordinarios, son transacciones altamente específicas, de largo plazo y con alta incertidumbre, en las que el monitoreo, la renegociación y la captura del regulador son parte inherente de la ecuación.
En ese entorno, la empresa que tiene más capacidad para gestionar la relación con el Estado (más exministros en su junta, más conocimiento de los mecanismos regulatorios, más acceso a la información que circula entre Ministerio de Hacienda y Banco de la República) tiene una ventaja competitiva que ningún emprendedor puede replicar a partir de cero. Esto es lo que se conoce como una institución informal de acceso diferenciado; las mismas reglas formales producen resultados distintos según quién tenga las redes para navegar en los intersticios de su interpretación. La implicación para el inversor es directa; en el mercado colombiano, el riesgo regulatorio se gestiona con capital relacional, y ese capital lleva décadas acumulándose en pocas manos.
Grupo Aval — cartera bruta (Q1 2026)
$193,7 billones COP
Crecimiento anual del 6,0% · 4 bancos + Porvenir + Corficolombiana
Fuente: Superintendencia Financiera 2026
3. El Grupo Empresarial Antioqueño: la caída del enroque más famoso de Colombia
El 10 de septiembre de 2021, a las 9 de la noche, la Superintendencia Financiera publicó un comunicado que cambió la historia del empresarialismo colombiano. El Grupo Gilinski y el Royal Group de Abu Dabi lanzaban una Oferta Pública de Adquisición sobre el Grupo Nutresa. Para los que conocían la arquitectura del GEA, fue como si alguien hubiera anunciado que iba a quitarle una pieza central a un castillo de naipes construido durante 46 años.
El Grupo Empresarial Antioqueño más que una empresa, era una filosofía corporativa hecha estructura. Nació en 1978 cuando un puñado de industriales antioqueños entre los cuales se encontraban Adolfo Arango de Cementos Argos, Jorge Molina de Suramericana y Samuel Muñoz de la Nacional de Chocolates, decidieron comprar acciones entre sí para blindarse contra adquisiciones externas. El modelo se inspiró en el keiretsu japonés que consiste en términos sencillos a participaciones cruzadas que crean una red de propiedad compartida tan densa que hace prácticamente imposible una toma hostil.
El enroque funcionó durante cuatro décadas. Sura tenía el 35% de Argos y el 35% de Nutresa. Argos tenía el 27% de Sura y casi el 10% de Nutresa. Nutresa tenía el 13% de Sura y el 12% de Argos. Nadie podía comprar una de las tres sin disparar una reacción en cadena que hacía imposible la toma de control. Era una ingeniería de defensa corporativa sin precedentes en Colombia.
Gilinski y sus socios árabes encontraron la grieta; el GEA estaba infravalorado. Las acciones de Sura, Nutresa y Argos cotizaban muy por debajo de su valor intrínseco porque el enroque deprimía la liquidez y alejaba a los inversionistas institucionales sofisticados. Ofreciendo entre el 30% y el 38% por encima del precio de mercado, Gilinski pudo comprar lo suficiente para romper el bloqueo.
Cuatro OPAs y año y medio después, Gilinski y sus socios controlaban el 81.5% de Nutresa. El GEA negoció y en mayo de 2023 firmó el Acuerdo Marco de Madrid; los Gilinski se quedarían con Nutresa, a cambio de abandonar las posiciones en Sura y Argos. La inversión total del grupo Gilinski desde la primera OPA: más de US$2.505 millones.
En diciembre de 2024, Sura y Argos anunciaron el último capítulo, la escisión por absorción de las participaciones cruzadas entre ellas. Al finalizar la operación, cada accionista de Argos recibirá 0.23 acciones de Sura por cada acción de Argos que tenía. Cada accionista de Sura recibirá 0.72 acciones de Argos por cada acción de Sura. El enroque de 46 años terminó así, no con una explosión sino con y en una sencilla ecuación contable.
Hoy, el ‘GEA’ es una categoría histórica, no una realidad operativa. Sura y Argos operan como conglomerados independientes. Nutresa está en manos de Gilinski y sus socios emiratíes, con Jaime Gilinski designado presidente del Grupo en enero de 2025, y el capitalismo antioqueño, que durante décadas se defendió en bloque, solo tienen una vía para permanecer: tendrá que reinventarse de manera individual.
La lección para los lectores de KapitalPaper es que ninguna estructura de defensa corporativa es permanente cuando hay suficiente capital y paciencia del otro lado.
El GEA resistió durante 46 años intentos de toma externa. Lo que no pudo resistir fue la combinación de infravaloración sistémica, capital árabe ilimitado y un empresario dispuesto a jugar la partida más larga.
La caída del GEA ilustra con claridad meridiana uno de los principios centrales de la dimensión institucional: que las organizaciones invierten en adaptarse a las reglas existentes, no necesariamente en transformarlas. Durante 46 años, Sura, Argos y Nutresa invirtieron recursos, energía directiva y capital político en sostener el enroque, porque dentro de ese arreglo tenían estabilidad, control y protección. Cuando Gilinski apareció, lo que hizo fue explotar la grieta que la misma lógica institucional del GEA había creado. North llamaría a esto la paradoja de la dependencia de trayectoria; las instituciones que generan estabilidad en el corto plazo pueden acumular rigideces que vuelven al sistema frágil frente a choques externos.
La pregunta que Sura y Argos deberán responder en la próxima década es si son capaces de construir valor como entidades independientes, sin la red de seguridad de las participaciones cruzadas. La pregunta más amplia para el empresarialismo colombiano es si el fin del enroque generará un mercado de capitales más profundo y competitivo, o simplemente trasladará el control a nuevos actores con lógicas igualmente concentradas.
4. Jaime Gilinski: el nuevo rey del capitalismo colombiano
En el ranking Forbes 2026, Jaime Gilinski Bacal figura en el puesto 196 con un patrimonio de US$14.700 millones. Eso lo convierte, con un amplio margen, en el hombre más rico de Colombia. En 2025 su patrimonio era de US$10.700 millones. En un año creció US$4.000 millones. Eso es la mayor creación de riqueza individual en la historia empresarial colombiana en un período tan corto.
Gilinski, nacido en Cali en 1952, construyó su primera fortuna en la banca panameña y colombiana (el Banco GNB Sudameris, del que hoy controla el 99.8%) con una estrategia de bajo perfil y paciencia asiática. Durante décadas fue un actor secundario del sistema financiero colombiano; presente, rentable, pero sin el peso político ni la escala de Sarmiento o el Grupo Aval.
La OPA sobre Nutresa en 2021 cambió todo. Gilinski y sus socios del Royal Group de Abu Dabi (cercanos a la familia real emiratí, con capital virtualmente ilimitado) identificaron la infravaloración estructural del conglomerado antioqueño. Lo que siguió fue una de las batallas corporativas más complejas, largas y costosas de la historia empresarial latinoamericana.
KapitalPaper abordó ese proceso en su edición del 5 de diciembre del 2025. Ver: (1) Nutresa: el golpe a la empresa que nadie pensó que cambiaría de manos.
Hoy, Gilinski controla Nutresa (el mayor productor de alimentos envasados de América Latina, con 60 marcas que incluyen Zenú, Jet, Doria, Sello Rojo, Saltín Noel y decenas más) y tiene posiciones en Sura. Además, su filial Colden Investments compró recientemente el 20% de GeoPark, la petrolera independiente, por US$107 millones. Un movimiento que señala que la apuesta por el sector energético en Colombia es parte de su estrategia de largo plazo.
La compañía opera en 15 países de América Latina y tiene una posición privilegiada para expandirse en el mercado venezolano post-aislamiento. Lo que falta es ver si el banquero caleño tiene el ADN industrial para maximizar el valor de una empresa de consumo masivo, o si terminará vendiéndola a quien lo tenga.
Jaime Gilinski — Forbes 2026
US$14.700 millones
Puesto 196 mundial · Hombre más rico de Colombia ·
Crecimiento de US$4.000M en 2025
5. La familia Char: donde el poder empresarial y el poder político son lo mismo
La familia Char es el caso más fascinante y el menos analizado del capitalismo colombiano, precisamente porque opera en la intersección exacta entre el dinero y los votos, y esa intersección es incómoda para cualquier medio que dependa de publicidad institucional.
El patriarca Fuad Char Abdala llegó de una familia de inmigrantes sirio-libaneses que se instalaron en la Costa Caribe colombiana a principios del siglo XX. A los 17 años comenzó a trabajar en un almacén de abarrotes en el centro de Barranquilla. Décadas después, ese almacén se había convertido en Supertiendas Olímpica, la tercera cadena de retail más grande de Colombia con más de 426 puntos de venta en 129 municipios y 21 departamentos.
Pero el poder del imperio Char tiene tres pilares que se refuerzan mutuamente de una manera que no tiene equivalente en ningún otro grupo colombiano.
El primero es económico: Olímpica, Banco Serfinanza, la Organización Radial Olímpica (emisoras de radio) y el Club Junior de Barranquilla.
El segundo es político: Fuad Char fue gobernador del Atlántico, senador durante décadas y cofundador de Cambio Radical. Sus hijos Alejandro (alcalde de Barranquilla por tercera vez (2024-2027)) y Arturo (exsenador y expresidente del Senado) han continuado la dinastía.
El tercero es territorial: la familia Char es la única con capacidad de movilizar votos a escala en la Costa Caribe, la región que históricamente ha decidido las elecciones presidenciales en Colombia.
Inversiones Olímpica reportó $12.1 billones en ingresos en 2024, posicionando al grupo como el quinto conglomerado de Colombia. Pero esa cifra subestima el poder real de la familia; el valor de su franquicia política (la capacidad de garantizar votos en siete departamentos) no aparece en ningún balance contable.
El escándalo de compra de votos destapado por la excongresista Aída Merlano ensombreció el apellido Char y llevó a la captura del exsenador Arturo Char. Pero la maquinaria política siguió operando; en 2023, Alejandro Char fue reelegido alcalde de Barranquilla con el 71.5% de los votos. En las elecciones presidenciales de 2026, la familia Char respalda internamente a Abelardo de la Espriella, aunque Cambio Radical dejó en libertad a sus miembros. Una decisión que, en el vocabulario de la política colombiana, significa exactamente lo contrario de lo que dice.
Los Char son la prueba más acabada de que en Colombia el poder empresarial y el poder político no son ecosistemas separados, por el contrario, son el mismo árbol con raíces que se alimentan mutuamente.
El escenario reconfigurándose: cuatro movimientos que cambian el mapa
En los últimos tres años, el capitalismo colombiano, ha vivido movimientos estructurales que van a definir quién manda en los próximos diez. Cuatro de ellos merecen análisis específico.
1. El fin del GEA y la recomposición del poder antioqueño
La caída del enroque fue la liquidación de un modelo de capitalismo defensivo que había definido durante casi cinco décadas cómo se distribuye el poder empresarial en Antioquia y en Colombia.
El GEA representó, en su momento, una genuina innovación institucional, un mecanismo para blindar a las empresas locales frente a la embestida concentradora de capitales foráneos.
Durante 46 años, ningún inversionista logró hacerse con el control de ninguna de las tres grandes. Sin embargo, ese éxito tuvo un precio; las acciones se hundieron en una subvaluación sistémica, pues el mercado descontaba la iliquidez estructural del enroque. Los minoritarios quedaron con su capital atrapado en un artefacto que operaba bien para la gestión colectiva, pero de manera deficiente para la rentabilidad individual. Ese detalle era la grieta por la cual tenía entrada una estrategia vigorosa y paciente.
Hoy, Sura y Argos operan como conglomerados independientes y focalizados. Cada accionista de Argos tiene ahora exposición directa tanto a Argos como a Sura, sin la complejidad de las participaciones cruzadas. El presidente de Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, lo dijo con elegancia: “La estructura cumplió con creces su objetivo, habilitando un crecimiento anual compuesto del 21% en el patrimonio de los accionistas en los últimos 46 años.”
La pregunta que la frase no responde es ¿qué sigue ahora?
Sin el escudo del enroque, Sura y Argos están expuestas al mercado de una manera que no lo estaban antes. Eso es bueno para los accionistas individuales y bueno para el mercado de capitales colombiano, pero también significa que ambas empresas necesitan demostrar que pueden generar valor como entidades independientes, sin la red de seguridad que se construyó durante medio siglo.
2. La consolidación bancaria: el nuevo mapa financiero
El sistema financiero colombiano está viviendo su mayor reconfiguración en dos décadas. En 2025 y 2026, tres operaciones han redibujado el mapa de poder bancario del país.
La más significativa es el nacimiento de DAVIbank a partir de la fusión Davivienda-Scotiabank. Lo que parecía una adquisición ordinaria es en realidad la creación de un banco con más de 29 millones de clientes, activos superiores a US$60.000 millones y presencia en Colombia, Costa Rica y Panamá. El banco canadiense recibió el 20% de la nueva entidad como contraprestación. Davivienda (y por ende el Grupo Bolívar de la familia Cortés Solano) pasó de ser el tercer banco del país a ser el rival más serio que Bancolombia ha tenido en décadas.
Simultáneamente, el Grupo Aval (a través del Banco de Bogotá) adquirió el portafolio de clientes del negocio de personas naturales de Itaú en Colombia y Panamá. No es la misma escala que la operación Davivienda-Scotiabank, pero es una señal estratégica; Sarmiento está apostando por crecer en el segmento retail precisamente cuando más competencia hay en ese espacio.
Por su parte, Bancolombia (el Grupo Cibest de la familia GEA/Sarmiento) vendió Banistmo en Panamá y está reorientando capital hacia Colombia. Los grandes grupos financieros están replegándose hacia sus mercados más rentables y deshaciendo las expansiones centroamericanas que se hicieron en un ciclo diferente.
3. El ascenso de Gilinski: un capitalismo diferente
La irrupción de Gilinski en el GEA fue la primera victoria real de un capitalismo de retorno financiero sobre un capitalismo de control familiar en la historia empresarial colombiana.
El capitalismo tradicional colombiano es principalmente un capitalismo de control; las familias quieren retener el poder sobre sus empresas, muchas veces a costa de maximizar el retorno para los accionistas minoritarios. El GEA era la expresión más pura de ese modelo. Gilinski, con su disciplina financiera y su acceso a capital árabe, representó un capitalismo que premia la valoración por encima de la continuidad familiar.
Que Gilinski haya transferido el control de Nutresa a IHC Capital Holdings (el vehículo emiratí) es una señal que los analistas colombianos todavía están procesando. Significa que Colombia tiene, por primera vez, uno de sus mayores grupos de consumo masivo controlado por capital del Golfo Pérsico. Las implicaciones en dirección en y para la dirección estratégica, para el empleo, para la relación con el Estado colombiano en la coyuntura actual, son complejas y no están claras todavía.
4. El impuesto al patrimonio: la señal más incómoda de 2026
El decreto del impuesto al patrimonio por parte del gobierno actual en 2026 es una señal de la relación entre el Estado colombiano y el capital privado que los lectores de KapitalPaper deben leer con cuidado.
Grupo Aval reportó que el impuesto le redujo la utilidad atribuible del primer trimestre en $210.100 millones y elevó sus gastos operativos en $311.700 millones. No es una cifra que amenaza la viabilidad de Aval, pero es la primera vez en mucho tiempo que el Estado colombiano ha extraído capital de los grandes grupos de manera directa y extraordinaria. La mayoría de los medios se han enfocado en cuanto les costó, pero realmente, la pregunta de fonde es: ¿Qué señal envía sobre la estabilidad de las reglas del juego?
El impuesto al patrimonio de 2026 es el tipo de señal que los capitales internacionales leen y que afecta las decisiones de inversión de largo plazo. La estabilidad de las reglas, no solo su nivel (ni el costo generado), determina si Colombia sigue siendo un destino atractivo para el capital de largo plazo.
El impuesto al patrimonio de 2026 ilumina una patología institucional que va más allá de este gobierno, este tipo de acción evidencia la inestabilidad tributaria crónica del Estado colombiano. Desde 1990, Colombia ha aprobado más de doce reformas tributarias, en promedio una cada dos años y medio. Esa inestabilidad es, en sí misma, un factor institucional de desincentivo a la inversión productiva de largo plazo ya que los empresarios no pueden anticipar la carga tributaria en horizontes de diez o quince años, lo que eleva el costo del capital y favorece la inversión especulativa sobre la productiva.
La economía institucional denomina este fenómeno “inconsistencia intertemporal de la política fiscal” lo cual, es el resultado de gobiernos que no pueden comprometerse de manera creíble con reglas estables, provocando que los agentes privados descuenten el futuro con tasas más altas y la inversión huye hacia activos más líquidos o hacia jurisdicciones con reglas más predecibles.
Para los lectores de KapitalPaper, el mensaje se relaciona con la capacidad de generar confianza por parte del Estado colombiano, el riesgo del capitalismo en Colombia es de nivel tributario, sí, pero también es en gran medida de credibilidad institucional. Ese riesgo es transversal a gobiernos de derecha, centro e izquierda, porque sus raíces siempre obedecen a causas estructurales generadas por un Estado cuya baja capacidad fiscal lo obliga a reformar permanentemente porque nunca logra construir una arquitectura tributaria verdaderamente universal y sostenible, afectando, de paso, la predictibilidad.
El elefante en la sala: concentración de poder y democracia de mercado
Hasta aquí este Paper ha descrito el capitalismo colombiano tal como existe. Ahora corresponde hacer la pregunta que los medios económicos colombianos suelen evitar:
¿es este nivel de concentración compatible con una economía competitiva y una democracia funcional?
La respuesta honesta es compleja, y KapitalPaper no pretende tener la última palabra. Pero sí tiene la obligación de plantear la pregunta con la seriedad que merece.
La concentración económica tiene costos
Cuando cinco grupos controlan una proporción tan alta de los activos productivos del país, varias cosas se vuelven más difíciles.
La competencia se resiente: es más difícil para un emprendedor o un grupo mediano competir cuando los canales de distribución, las redes financieras y los contratos con el Estado están concentrados en pocas manos.
La innovación se frena: los conglomerados tienden a defender sus posiciones establecidas más que a destruirlas creativamente.
La política se contamina: cuando los mismos grupos que financian el crecimiento económico también tienen relaciones directas con los que regulan la economía, la frontera entre gobierno corporativo y captura del Estado se vuelve difusa.
El ranking del Índice Global de Complejidad Corporativa de TMF Group en el 2025 ubica a Colombia como el quinto país más complejo del mundo para hacer negocios. El informe centra esa calificación en los siguientes términos: “Colombia enfrenta actualmente múltiples desafíos económicos y políticos significativos de forma simultánea. Por consiguiente, es difícil evitar la implementación de diversas reformas. Se requieren cambios en áreas como el gas, la electricidad, la seguridad y las finanzas públicas, dada la actual evolución política y económica. Se prevé que estas transformaciones continuarán, al menos hasta 2027”. Parte de esa complejidad es regulatoria y burocrática. Pero otra parte es estructural, consecuencia de una economía tan concentrada en donde las empresas nuevas y medianas tienen que navegar redes de relaciones que los grandes grupos ya tienen incorporadas. Eso no es una falla de reglamentación, es, realmente, una falla de la arquitectura institucional y su coordinación, con incidencias claras en la dimensión económica.
Vale la pena precisar qué significa esa falla institucional, porque el término puede sonar abstracto para un público empresarial. La economía institucional distingue tres mecanismos concretos que explican por qué la concentración del poder económico se autorreproduce:
El primero es la captura regulatoria: los sectores con mayor poder de lobby (aunque es una actividad prohibida legalmente en Colombia) tienen más capacidad para moldear las reglas que los gobiernan, desde los parámetros de licencias hasta los criterios de los pliegos públicos.
El segundo es el clientelismo como institución informal de acceso: donde el derecho universal a competir no llega de manera confiable, la relación personal con el tomador de decisión se convierte en el canal real de acceso al mercado.
El tercero es la asimetría de costos de transacción: para una empresa grande con departamento jurídico, equipos de lobby y exfuncionarios en su junta, el costo de navegar la burocracia colombiana es bajo y gestionable. Para una empresa mediana, los mismos trámites son una barrera casi insuperable. Esta asimetría no aparece en ninguna ley, pero es tan real como cualquier arancel, y tiende a perpetuarse. En efecto, si los grandes grupos tienen más influencia sobre las reglas, usarán esa influencia para que las reglas sigan siendo complejas precisamente donde la complejidad los protege.
La concentración también tiene virtudes
Los grandes grupos han sido agentes de estabilidad macroeconómica en momentos de crisis, es así como, el Grupo Aval y Bancolombia, por ejemplo, sostuvieron el crédito durante la pandemia cuando el gobierno no tenía capacidad fiscal para hacerlo solo. El GEA construyó infraestructura industrial en Antioquia durante décadas cuando el Estado no tenía la capacidad ni el interés. Corficolombiana ha financiado proyectos de infraestructura que ningún banco de desarrollo hubiera podido ejecutar con esa escala.
Dicho lo anterior, la concentración del capitalismo colombiano no es pura desventaja.
Los grandes grupos también han sido vehículos de la internacionalización del capital colombiano, ejemplo de ello, es Bancolombia que tiene operaciones en seis países. Nutresa opera en 15. Cementos Argos compite en el mercado estadounidense. Eso genera divisas, traslada conocimiento de vuelta a Colombia y construye un capital reputacional que beneficia a todo el ecosistema empresarial colombiano.
La pregunta para los próximos diez años
El debate no debe centrarse en si los grandes grupos deben existir, esa es la realidad colombiana, por el contrario, el verdadero debate debe plantearse en los siguientes términos: ¿Las reglas del juego están diseñadas para que coexistan grandes grupos con un tejido empresarial mediano y pequeño que también pueda crecer? Hoy, esa coexistencia es desigual. Los grandes tienen acceso privilegiado al crédito, a los contratos públicos, a la regulación. Los medianos y pequeños no.
Las elecciones del 31 de mayo van a determinar, en parte, si esa asimetría se reduce o se profundiza. Sin embargo, la historia colombiana nos dice que esa asimetría estructural no cambia con un gobierno, el gran vacío de esa historia es la ausencia de reformas de competencia, transparencia en la contratación pública y una Superintendencia de Industria y Comercio con dientes reales.
Hay una cuarta dimensión de esta pregunta que los medios económicos colombianos rara vez abordan y se relaciona con la ausencia en los análisis del conocimiento y la innovación como bienes que la concentración también distribuye de manera asimétrica. Joel Mokyr (cuya obra sobre la historia del crecimiento económico fue reconocida con el Premio Nobel de Economía 2025) demuestra que el crecimiento sostenido moderno no surge solo de capital, comercio o acumulación. Depende de instituciones capaces de producir, compartir, criticar y aplicar conocimiento útil. Aplicado al capitalismo colombiano, la pregunta de Mokyr es incisiva: ¿por qué Colombia tiene grandes grupos con enorme capital, universidades, centros de investigación y una nueva generación de emprendedores, no logra convertir ese potencial en productividad, innovación y movilidad social a escala?
Una parte de la respuesta es institucional ya que, en una economía donde el éxito empresarial depende más de la cercanía al poder que de la capacidad técnica o la innovación del producto, los incentivos apuntan hacia la captura de rentas, no hacia la destrucción creativa. Los grandes grupos, al proteger sus posiciones establecidas (a través de barreras regulatorias, concentración de mercados y relaciones privilegiadas con el Estado), reducen el espacio para que los actores nuevos y más dinámicos compitan y escalen. La pregunta para los próximos diez años es si Colombia será capaz de construir las instituciones que hagan que la innovación, la competencia y el conocimiento útil sean más rentables que la captura de rentas.
KapitalPaper no toma partido sobre cuál candidato debería ganar, por el contrario, puede decir con claridad cuál es la pregunta correcta: ¿qué tipo de capitalismo quiere Colombia en 2035? ¿Uno en el que los mismos grupos de siempre sigan acumulando poder, o uno en el que los actores emergentes (los fundadores de startups, las empresas de provincias, el capital de nuevas generaciones) tengan una oportunidad real de competir en igualdad de condiciones?
La concentración del poder empresarial colombiano no es un escándalo ni una virtud, es una realidad estructural que tiene consecuencias para todos, incluidos los que no tienen una acción en ninguno de esos grupos. Entenderla es el primer paso para tener criterio sobre lo que viene.
Lo que esto implica para decidir
Este paper es un mapa con coordenadas para que cada lector elija su ruta, no pretende ser una receta. Estas son las lecturas que KapitalPaper extrae del análisis para los lectores que toman decisiones:
Para empresarios e industriales
El desenroque del GEA abre oportunidades que antes no existían, hoy Sura y Argos, como entidades independientes, van a necesitar socios comerciales y financieros con lógicas diferentes a las que tenían en el marco del enroque. Las empresas medianas antioqueñas que antes dependían de la red GEA para acceder a capital y contratos tienen una ventana para renegociar esas relaciones en términos más favorables.
En esa misma línea, la consolidación bancaria también crea oportunidades, con más actores compitiendo en el segmento retail y de pymes, las condiciones de crédito para las empresas medianas deberían mejorar en el mediano plazo. El reto está en si DAVIbank, Bancolombia y Banco de Bogotá van a competir genuinamente por ese segmento o si se van a dividir el mercado de manera tácita.
Para inversionistas
El resultado electoral del 31 de mayo es, en este momento, la variable con mayor impacto sobre las valoraciones del mercado colombiano. Las acciones de Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Sura y especialmente Ecopetrol van a moverse significativamente en función de qué candidatos pasen a segunda vuelta.
Más allá de la coyuntura electoral, la tesis de largo plazo del capitalismo colombiano sigue siendo sólida, es decir, los grupos con posiciones de mercado dominantes, dividendos históricamente altos y exposición a una economía de 52 millones de personas que tiene tasas de penetración bancaria, de retail y de consumo por debajo de la media regional, ofrece un panorama de crecimiento. En esa visión de largo plazo, el riesgo es, como ya se ha evidenciado anteriormente, la ausencia de reglas de juego que permitan a todos los actores de la estructura empresarial relaciones simétricas. ejemplo de ello, son los efectos sobre el CAPEX (entre otros) del impuesto al patrimonio del 2026.
Para líderes y ejecutivos
Entender la arquitectura del poder empresarial colombiano es una herramienta de trabajo. Cuando un ejecutivo va a una negociación, cuando un gerente evalúa un proveedor, cuando un directivo analiza una fusión potencial, el conocimiento de quién controla qué, quién debe favores a quién y cuáles son los intereses reales detrás de cada jugada es exactamente lo que separa a quien toma buenas decisiones de quien no.
El capitalismo colombiano es más pequeño y concentrado de lo que parece, para entenderlo, conviene recordar el famoso concepto de los “seis grados de separación”, según el cual cualquier persona del mundo está conectada con otra a través de una cadena de no más de seis conocidos. Este concepto funciona como un atajo cultural porque condensa una teoría compleja en una imagen fácil de evocar. En efecto, en Colombia ese atajo revela una realidad contundente, los seis grados se reducen a solo dos o tres en los salones de juntas de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Eso significa que las relaciones personales importan más, que la reputación se construye y se destruye más rápido, y que una decisión corporativa que parece bilateral tiene, casi siempre, tres o cuatro actores ocultos con intereses propios.
Una última nota editorial
KapitalPaper publica este artículo el 16 de mayo de 2026, quince días antes de las elecciones presidenciales más sensibles de Colombia en años. Lo hicimos deliberadamente en este momento, no en el calor de la semana electoral.
El mapa del poder empresarial colombiano no cambia con una elección, los Sarmiento, los Santo Domingo, los Gilinski, los Char y los herederos del GEA van a seguir siendo actores centrales de la economía colombiana independientemente de quién gane el 31 de mayo. Lo que cambia con el resultado electoral es el ángulo desde el que esos actores se relacionan con el Estado, no su existencia ni su poder estructural.
Entender esa distinción es fundamental para no caer en dos trampas simétricas. (i) la de creer que el próximo gobierno va a transformar radicalmente la arquitectura del capitalismo colombiano ya que no tiene ese poder, y (ii) la de creer que el capitalismo colombiano es inmune a la política, lo cual tampoco es cierto.
La realidad del capitalismo colombiano existe tal como la vivimos, los jugadores están identificados. Las reglas van a cambiar un poco dependiendo de quién ocupe el Palacio de Nariño. Pero lo único cierto es que el juego no parará, el juego va a continuar con formas nuevas, tal vez.