El Reto del Salario Mínimo
Un aumento del 23,7% en el salario mínimo puede mejorar el poder adquisitivo, pero su impacto real dependerá de si las empresas pueden sostenerlo sin destruir empleo formal.
En la economía de mercado, el consumo es el motor que impulsa la actividad. Un alza del mínimo podría, en principio, empujar la demanda interna. Pero ese efecto depende de una condición básica: que la estructura empresarial pueda absorber el mayor costo laboral sin recortar empleo, subir precios o migrar a la informalidad. En Colombia, donde predominan las MiPymes y los micronegocios, esa capacidad de absorción es el punto crítico —y está estrechamente ligada a productividad, capital y apropiación tecnológica.
Bogotá, enero 2026
En $1.750.905 para 2026, Colombia no solo debate un número. El país enfrenta una prueba de estrés a su frágil estructura empresarial, donde el destino de miles de negocios y el equilibrio entre formalidad e informalidad penden de un hilo. Mientras el Gobierno busca mejorar el poder adquisitivo, el sector productivo clama por oxígeno. ¿Es este aumento el impulso necesario para una modernización tardía o el golpe definitivo para una economía dominada por la microempresa?
La Fragilidad de los Números
La verdadera magnitud del desafío se revela en las estadísticas. Según el DANE, el 99.5% de las empresas en Colombia son MiPymes. De estas, un 75.3% son negocios que emplean entre 1 y 4 personas, operando frecuentemente al filo de la rentabilidad. Los estudios realizados tanto por la Superintendencia de Sociedades como por ACOPI publicadas en el 2025 indican que las microempresas navegan con márgenes promedio del 3.9%, una cifra irrisoria comparada con el 11,5% de las grandes corporaciones.
Este es el suelo sobre el que cae el nuevo salario: un ecosistema donde el 99.5% de las empresas son MiPymes con márgenes raquíticos (3.9%) y una madurez digital “muy baja” (1.75/5) para automatizar y compensar costos.
Según ANIF “Este desalineamiento entre productividad y salarios tiene implicaciones económicas y sociales profundas. Desde el punto de vista empresarial, incrementa los costos laborales unitarios, presionando los márgenes de rentabilidad e incentivando la informalidad como mecanismos de ajuste. En el frente social, si bien los aumentos del salario mínimo han contribuido a mitigar la pérdida de poder adquisitivo, también han elevado la brecha salarial entre trabajadores formales e informales, pues muchas empresas, especialmente las pequeñas, no pueden absorber los incrementos sin reducir empleo o recurrir a contratación informal. En consecuencia, la sostenibilidad de las mejoras salariales dependerá de que el país logre fortalecer el crecimiento de la productividad, mediante inversión en capital humano, innovación y políticas que promuevan la eficiencia y la formalización laboral.”
El problema no es la justicia del aumento, sino la capacidad de absorción. Mientras un conglomerado puede redistribuir costos o invertir en robots, la tienda de barrio o el pequeño taller tienen un colchón casi inexistente. En otras palabras, según el economista Araque:
“El principal límite redistributivo del salario mínimo en Colombia no es su nivel, sino la magnitud del sector informal. Los trabajadores informales no se benefician directamente del aumento y pueden verse afectados indirectamente por los aumentos de precios.” 1
En otras palabras, lo que para un trabajador de una gran corporación es una victoria para su bolsillo, para un empleado de una pequeña tienda o taller podría ser el inicio de su salida de la formalidad. Se estima que un aumento de esta magnitud elevaría sus costos laborales en un 9.2%.
En efecto, las investigaciones consultadas revelan un fenómeno curioso pero preocupante: en Colombia, el trabajador que pierde su empleo formal por el alza del mínimo rara vez se queda de brazos cruzados en el desempleo. Es un ajuste silencioso que ocurre gota a gota, aumentando la informalidad de forma gradual pero constante.
La geografía de la desigualdad
El impacto del salario mínimo también tiene un mapa. Un aumento salarial idéntico para todos ignora esta la realidad de las asimetrías regionales en materia de estructuras empresariales, productividad, competitividad. No es lo mismo ganar el mínimo en Bogotá o Medellín, donde la productividad es alta, que, en ciudades como Popayán, Villavicencio o Neiva, el mismo incremento pesa de manera radicalmente distinta en un almacén de cadena en el norte de Bogotá que en una panadería artesanal en Quibdó. Dichas asimetrías provocan dos efectos:
El castigo regional: Al fijar un salario igual para todo el país sin considerar que en algunas regiones producir es más difícil, las políticas nacionales terminan castigando a las zonas menos desarrolladas.
Efecto regresivo: En lugar de ayudar a los más pobres, se termina profundizando la brecha entre el centro del país y la periferia.
¿Quién gana y quién pierde realmente?
Al final del día, el salario mínimo crea dos realidades:
Los ganadores: Trabajadores de grandes empresas que mantienen su puesto y ven un aumento real en sus ingresos.
Los perdedores: Aquellos en empresas pequeñas con baja productividad que son desplazados. Para ellos, el aumento se traduce en la pérdida de su seguro social y de sus posibilidades de ascender profesionalmente.
El bienestar del país queda entonces en una balanza ética: ¿Vale más el aumento para quienes conservan su empleo que la caída en la precariedad de quienes lo pierden? La respuesta parece depender de qué tan dispuestos estemos a ignorar el crecimiento de la Colombia informal, aquella a la cual apunta el gobierno nacional en su estrategia de apoyo a lo que ha denominado la Economía Popular.
La ANDI ya ha encendido las alarmas, calculando que cada punto porcentual de incremento representa cerca de $400.000 millones en gasto público adicional, presionando las finanzas y el riesgo inflacionario.
Las Rutas de la Supervivencia
Frente al shock, las empresas tienen caminos de ajuste. La evidencia muestra tres principales: trasladar costos a precios (arriesgando clientes), reducir personal o automatizar procesos. Pero existe una cuarta vía, más siniestra y ya observada en la región: la informalización.
Que se manifiesta cuando la empresa, para no cerrar, muta, dejando de contratar formalmente. Es la pesadilla en círculos económicos: trabajadores sin protección social provocan menos recaudo para el Estado y más desigualdad. Ejemplo de ello los efectos en México y Perú, donde los aumentos provocaron que la informalidad laboral alcanzara el 56.7%. y el 72% respectivamente.
No toda la respuesta descansa en el mercado: el papel del estado
Con un aumento que busca proteger el poder adquisitivo, el país enfrenta un dilema operativo: ¿cómo evitar que esta necesaria mejora salarial no termine estrangulando a las microempresas, disparando la informalidad y debilitando las ya tensionadas finanzas públicas? La respuesta no está en el monto, sino en la capacidad del Estado para ejecutar, en tiempo récord, una estrategia de acompañamiento sin precedentes.
a) El reto tecnológico: el papel del MinCiencias y MinTIC.
La primera línea de defensa debe ser tecnológica. Ideas como la creación de “Bonos Digitales” o créditos fiscales reembolsables para que microempresas adquieran software de gestión, POS digital y herramientas de e-commerce solventarían para muchas de ellas la situación. La meta es clara: bajar la barrera de entrada a la automatización.
En paralelo, el MinTIC tendría que acelerar masivamente la conectividad como derecho productivo, priorizando corredores empresariales. Sin internet de calidad, no hay digitalización que valga. Además, se plantea la creación de Centros de Transformación Digital Regionales con el SENA, donde las MiPymes no solo reciban talleres, sino implementación guiada.
b) Créditos, Mercados y Capacitación: El Triángulo de la Supervivencia
Las instituciones de desarrollo empresarial están en la mira. Entidades como iNNpulsa y Bancóldex deben evaluar y operativizar rápidamente líneas especiales como: Reconversión Productiva, con tasas subsidiadas y períodos de gracia, para que las empresas financien no solo nómina, sino la tecnología que les permita absorberla.
El crédito debe dejar de ser solo para capital de trabajo y convertirse en una palanca para saltar en productividad. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio podría potenciar las compras públicas con enfoque MiPyme digital, priorizando proveedores que usen facturación electrónica y procesos transparentes, usando la demanda estatal como tractor de formalización.
En el frente laboral, el SENA y el Ministerio del Trabajo deben acelerar los programas de upskilling. Una idea audaz es un subsidio salarial condicionado a capacitación: el Estado ayudaría a cubrir parte del nuevo salario mínimo si la empresa certifica la formación del empleado en competencias digitales. Se ataca el costo inmediato mientras se siembra productividad.
c) DIAN y Hacienda: Incentivos Fiscales, no solo Fiscalización
El mayor giro estratégico debería darse en la política tributaria. La DIAN y el Ministerio de Hacienda podrían lanzar una campaña de formalización sin miedo, ofreciendo a las empresas que saquen trabajadores de la informalidad pagos a plazos de parafiscales y una reducción de multas.
En ese sentido hay que quebrar el mito urbano de concebir a la DIAN como el policía malo y pasar a una estrategia cuya lógica trascienda el aspecto punitivo del castigo a la de la corresponsabilidad. Potenciar el régimen SIMPLE con un escalón que ofrezca reducciones adicionales a las empresas que demuestren ganancias en productividad post-aumento, podría ser un incentivo poderoso.
La Coordinación: El Talón de Aquiles
El éxito depende de una coordinación institucional férrea. Es indispensable la coordinación estrecha entre MinHacienda, MinTrabajo, MinCiencias, iNNpulsa, SENA y gremios, para monitorear el impacto en tiempo real y ajustar la estrategia. En donde se genere un sistema de alerta temprana con datos de la DIAN y las cámaras de comercio para identificar sectores en estrés y actuar focalizadamente. La velocidad de respuesta-ajuste será crucial.
Conclusión: El Momento de la Verdad Institucional
El aumento salarial ya es un hecho. Ahora comienza el examen real a la capacidad del Estado colombiano. Puede elegir el camino pasivo —decretar y fiscalizar— arriesgándose a una ola de informalidad y debilidad fiscal. O puede elegir el camino activo y complejo: desplegar un andamiaje institucional tan potente como el decreto, donde cada ministerio y agencia actúe como un socio estratégico de la base productiva.
La meta debe ser transformar el costo laboral en una inversión colectiva en productividad y formalización. El mensaje a la estructura empresarial del país no puede ser solo “cumplan la ley”, sino aquí están las herramientas para que cumplirla los haga más fuertes. El reloj de la productividad, que lleva años enviando señales de auxilio, ahora marca la hora de la verdad para la política industrial y laboral de Colombia.
Alex Smith Araque Solano: El incremento del salario mínimo en Colombia, una lectura alternativa. Razón Publica. enero 18, 2026. Ver en: https://razonpublica.com/incremento-del-salario-minimo-colombia-una-lectura-alternativa/
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Mucha claridad en un tema rodeado de polarización! Excelente