La industria azucarera colombiana enfrenta una presión simultánea sobre precios, mercados y rentabilidad. Mientras su representación gremial busca protección frente a las importaciones andinas, los ingenios toman decisiones distintas: ampliar negocios energéticos, especializar productos, invertir en capacidad industrial, restringir compromisos o vender activos.

La industria azucarera busca una salvaguardia frente a las importaciones andinas mientras sus principales ingenios adoptan decisiones diferentes sobre inversiones, mercados, activos y financiación. Una misma protección comercial puede generar beneficios desiguales entre empresas que comparten representación gremial, pero tienen estructuras productivas, exposiciones y restricciones financieras diferentes.
La acción gremial puede modificar las condiciones de competencia de una industria, pero el valor económico de esa protección dependerá de las estructuras y decisiones particulares de sus empresas.
El mismo deterioro, distintas capacidades de respuesta
En 2025, la industria azucarera colombiana molió 23,3 millones de toneladas de caña. El mayor volumen no se tradujo en mejores resultados empresariales. El EBITDA conjunto de siete de sus principales ingenios cayó 37,3% y su deuda neta agregada pasó de representar 1,72 a 3,06 veces ese resultado, según cálculos de KapitalPaper con información de EMIS.
El mercado explica buena parte del deterioro. Los precios internacionales del azúcar descendieron durante 2025 y la apreciación del peso redujo el valor en moneda local de los ingresos vinculados al dólar. En 2026, la recuperación internacional tampoco se trasladó plenamente a los precios colombianos: mientras el azúcar blanco aumentó más de 20% entre enero y septiembre en el mercado externo, el precio mayorista nacional del azúcar sulfitada retrocedió cerca de 4%, según Grupo Cibest.
Las importaciones añadieron presión. A julio habían aumentado 52% en volumen, con Bolivia y Perú entre sus principales proveedores. La tensión comercial con Ecuador complicó las exportaciones colombianas, mientras el etanol enfrentaba menores precios y mayor competencia importada.
Los resultados de los ingenios revelan la disparidad de consecuencias. En 2025, Incauca perdió 15,4% de su EBITDA; Providencia, 28%; Pichichí, 33,4%; Risaralda, 37,5%; Manuelita, 37,8%; Mayagüez, 40,3%; y Riopaila Castilla, 56,1%. Estas diferencias abren una pregunta empresarial que las cifras del mercado no resuelven: ¿cómo interpretan los equipos directivos una amenaza compartida y qué capacidades deciden desarrollar, conservar o transformar para enfrentarla?
La solicitud de salvaguardia permite examinar dos niveles de esa decisión: la capacidad institucional de la industria para actuar colectivamente y las estrategias particulares de las empresas que la integran.
La respuesta colectiva tiene límites institucionales
Asocaña ha construido una representación sectorial que complementa otras capacidades compartidas de la agroindustria. Cenicaña desarrolla investigación tecnológica; CIAMSA aporta comercialización y logística; y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar opera como instrumento público administrado por Asocaña bajo las reglas correspondientes.
Esa infraestructura permite coordinar conocimiento, acceso comercial y posiciones frente al Estado. Su importancia se hace especialmente visible cuando las condiciones internacionales y regulatorias cambian. Durante 2026, Asocaña cuestionó el crecimiento de las importaciones bolivianas y las condiciones de reciprocidad comercial dentro de la Comunidad Andina.
Según cifras de la DIAN recogidas por el gremio, las importaciones de azúcar originarias de Bolivia aumentaron de aproximadamente 18.121 toneladas en 2024 a 82.918 toneladas en 2025. La presión comercial se convirtió en un asunto institucional.
El 27 de julio, el Ministerio de Comercio recibió de conformidad una solicitud para investigar una salvaguardia aplicable a cuatro subpartidas de azúcar procedentes de la Comunidad Andina, bajo el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena. El expediente S-999-00-85 continuaba clasificado como investigación en curso en la última actualización pública consultada, del 13 de agosto. La ficha oficial acredita la solicitud, pero no identifica nominalmente al peticionario formal.
El procedimiento plantea una incertidumbre adicional para la industria: la capacidad de articular una respuesta colectiva no garantiza obtener la medida solicitada.
Existe un antecedente relevante. En 2003, Asocaña presentó una solicitud semejante en representación de doce ingenios. Colombia aplicó restricciones provisionales, pero en mayo de 2004 la Secretaría General de la Comunidad Andina denegó la salvaguardia por considerar insuficiente la demostración de la perturbación exigida por la normativa. Las circunstancias actuales son diferentes. El antecedente muestra, sin embargo, que el resultado depende también de reglas y autoridades supranacionales. La industria puede coordinar su posición comercial. Mientras se decide el procedimiento, cada empresa conserva la responsabilidad de actuar sobre sus costos, mercados, activos y financiación.
El valor de la protección depende de la estructura empresarial
Una salvaguardia podría modificar la competencia en determinados segmentos del mercado nacional. Su valor económico variaría según la participación del azúcar en los ingresos, los mercados atendidos, la productividad y las actividades complementarias de cada ingenio. La comparación empresarial permite observar algunas de esas diferencias.

Incauca y Providencia: trasladar valor hacia la energía
En Incauca, el aprovechamiento energético del bagazo ha adquirido relevancia dentro del negocio.
La compañía inauguró en 2023 una planta de cogeneración que requirió aproximadamente $230.000 millones y elevó su capacidad instalada a 120 megavatios. La energía representa entre 6% y 8% de sus ingresos, pero aporta entre 15% y 20% de su EBITDA, según información empresarial publicada por Forbes Colombia.
La diferencia es significativa: una actividad relativamente pequeña en facturación puede contribuir de manera considerable a la rentabilidad. Roberto Klinger, presidente de Incauca, ha expuesto planes para desarrollar nuevas iniciativas energéticas durante la próxima década. La estrategia amplía el aprovechamiento económico de la caña mediante actividades cuyos ingresos dependen de determinantes distintos del precio del azúcar.
En 2025, Incauca fue el único de los siete ingenios analizados que aumentó sus ventas netas. Su EBITDA disminuyó 15,4%, la menor contracción del grupo. La información disponible no permite atribuir ese resultado exclusivamente a la cogeneración. Sí permite identificar una capacidad productiva cuya contribución económica está documentada.
Providencia está ampliando una línea semejante.
Vicente Borrero, gerente general, anunció en noviembre una inversión de US$50 millones para instalar una nueva caldera y un turbogenerador que agregarían 23 megavatios de capacidad. El proyecto busca duplicar aproximadamente las ventas de electricidad a la red nacional desde julio de 2028. Borrero explicó que la oportunidad surgió al identificar un uso energético para una fibra que anteriormente se comercializaba con la industria papelera. La decisión transforma el aprovechamiento de un subproducto y compromete capital en una actividad con un mercado diferente.
Providencia también dispone de líneas de azúcar orgánica y alcoholes especiales. En 2025 mantuvo una utilidad de $92.328 millones y una relación deuda neta/EBITDA de 0,58 veces, la menor de la muestra. El respaldo financiero ofrece condiciones para evaluar inversiones de largo plazo, aunque su ejecución y rentabilidad futura deberán comprobarse.
Incauca y Providencia muestran cómo dos empresas pueden participar de una posición sectorial común y desarrollar simultáneamente capacidades productivas complementarias.
Risaralda: competir mediante especialización
Ingenio Risaralda ha construido una alternativa comercial dentro del propio negocio azucarero.
La compañía informa que exporta aproximadamente 49% de su azúcar empacada a 25 países. En Colombia, 81% de sus ventas de azúcar empacada se dirige a clientes industriales. Sus equipos de calidad y procesos han desarrollado más de cuarenta especificaciones técnicas para industrias de bebidas, galletería, chocolatería y confitería, entre otras. Esta orientación introduce atributos de competencia relacionados con calidad, desempeño industrial y adaptación a necesidades particulares de los compradores.
La estrategia ofrece alternativas comerciales que deben evaluarse frente al costo de producirlas y la disposición de los clientes a reconocer su valor. Risaralda también contempla en su planificación 2025–2030 inversiones en biogás, biometano, cogeneración y otros derivados. Su EBITDA cayó 37,5% durante 2025. Las iniciativas de diferenciación y diversificación representan capacidades y objetivos declarados, pero todavía requieren demostrar su contribución futura a la rentabilidad.
Riopaila: la restricción financiera modifica las decisiones estratégicas
Riopaila Castilla enfrenta un escenario diferente.
En los primeros nueve meses de 2026 vendió 10,4% más azúcar equivalente en volumen, pero el precio promedio de venta disminuyó aproximadamente 19,6%. El crecimiento en cantidades no compensó la reducción del ingreso unitario. La compañía acumuló una pérdida neta consolidada de $118.049 millones y su relación deuda/EBITDA alcanzó 10,54 veces. La administración reportó medidas para preservar liquidez, administrar capital de trabajo, priorizar inversiones esenciales y gestionar financiación.
En septiembre ocurrió una decisión que permite observar cómo estas restricciones afectan la estrategia. La Asamblea General de Accionistas aprobó aplazar la contratación de una banca de inversión para analizar alternativas de desarrollo agroindustrial de su operación en Vichada hasta alcanzar dos condiciones: flujo de caja libre frente al servicio de deuda superior a 1,2 veces y deuda/EBITDA inferior a tres veces. La proposición recibió el respaldo del 51,34% de las acciones representadas, frente a 44,43% de votos contrarios. El resultado muestra posiciones diferentes dentro del órgano de propietarios y una decisión concreta de gobierno corporativo.
La asamblea mantuvo abierta la posibilidad de continuar examinando la operación, pero subordinó la contratación de asesoría especializada a una recuperación financiera. La capacidad de financiar y evaluar una alternativa de crecimiento quedó condicionada por la situación del negocio existente.
Para Riopaila, la evolución del mercado afecta simultáneamente la rentabilidad actual y el margen financiero disponible para considerar nuevas decisiones estratégicas.
Mayagüez: cambiar el perímetro de los negocios
Mayagüez ejecutó otra decisión relevante.
En agosto de 2026, su Junta Directiva aceptó una oferta vinculante para vender la participación indirecta de control en Casur Sugar Holdings. La operación se cerró el 16 de octubre. Mediante la transacción, el grupo transfirió su participación de 89,65% en una estructura propietaria de operaciones azucareras y energéticas en Nicaragua. La contraprestación consolidada fue de US$13,5 millones, con pagos previstos durante tres años y componentes relacionados con participaciones accionarias y préstamos entre compañías. La decisión modificó el perímetro internacional de Mayagüez y transfirió el control de esos activos a otro propietario.
Ocurrió durante una transición directiva. María del Pilar Rodríguez fue nombrada presidenta del grupo en junio de 2026 y asumió en julio. La aceptación de la oferta fue una decisión de la Junta Directiva.
La compañía había registrado una pérdida consolidada de $29.290 millones durante 2025, junto con una disminución de 40,3% de su EBITDA. La información publicada no permite atribuir la desinversión exclusivamente a la crisis azucarera colombiana ni establecer todas las motivaciones que guiaron su aprobación. Su consecuencia empresarial es verificable: Mayagüez salió de determinadas operaciones internacionales y modificó la composición de su portafolio.
La comparación con Riopaila muestra dos respuestas distintas ante restricciones y alternativas también diferentes: una compañía condicionó el análisis de una operación futura; la otra ejecutó una venta de activos previamente adquiridos.
Pichichí y Manuelita: comprometer capital durante el deterioro
Pichichí y Manuelita presentan otra dimensión de las decisiones empresariales.
En 2025 aumentaron sus inversiones de capital, pese a la caída de la rentabilidad del sector. Según los indicadores de EMIS, el CapEx de Pichichí creció aproximadamente 72%. Su deuda neta pasó de representar 2,41 a 4,51 veces el EBITDA, aunque el flujo operativo aumentó 35,5%. Manuelita elevó su CapEx cerca de 59%. Conservó el mayor margen EBITDA de la muestra, 25,69%, mientras su utilidad neta cayó a $2.622 millones y su deuda neta aumentó 27,3%.
Manuelita pertenece a una organización empresarial diversificada en actividades y países. Sin embargo, los resultados individuales de la sociedad colombiana no permiten evaluar directamente la contribución del conjunto del grupo.
En ambos casos, la información financiera confirma que continuaron comprometiendo capital en un período de deterioro operativo. El destino específico, los retornos esperados y el horizonte de recuperación de esas inversiones requieren mayor documentación. Por ello, todavía no es posible calificarlas como apuestas deliberadas por una recuperación próxima del azúcar.
La cuestión estratégica permanece: qué parte de la inversión busca sostener capacidades existentes, cuál pretende desarrollar ventajas futuras y qué nivel de endeudamiento puede acompañar razonablemente esos compromisos.
Lectura KapitalPaper: Una misma protección, ventajas diferentes
La experiencia azucarera muestra que la cooperación gremial y la dirección empresarial operan sobre un problema compartido, aunque sus decisiones y consecuencias sean distintas.
Asocaña procura articular una respuesta institucional a las importaciones. Los ingenios, por su parte, desarrollan capacidades energéticas, diferencian productos, reorganizan activos y ajustan compromisos financieros. Estas decisiones revelan diferentes exposiciones y alternativas empresariales. Su existencia, por sí sola, no demuestra cuánto valor asigna cada administración a la salvaguardia.
El punto relevante es otro.
Una misma protección comercial puede mejorar las condiciones generales de una industria y producir ventajas económicas diferentes entre sus integrantes.
Una empresa con mayor exposición al azúcar nacional podría recibir un alivio comercial distinto de otra con negocios energéticos o productos especializados. Una compañía con restricciones financieras podría destinar cualquier recuperación de ingresos a atender obligaciones, mientras otra conservaría mayor capacidad para invertir.
Esa asimetría importa tanto para los empresarios como para quienes evalúan la medida.
Para el Estado, obliga a considerar los efectos sobre productores, importadores, compradores industriales y consumidores. Para las empresas, exige establecer cuánto de su rentabilidad y de sus proyectos depende de condiciones comerciales que podrían modificarse.
El resultado de la salvaguardia permitirá observar parte de esas diferencias. Pero también deberán vigilarse las decisiones empresariales que ya están en ejecución. En Riopaila, la recuperación de liquidez y endeudamiento determinará cuándo podrá contratar asesoría para el análisis de Vichada. En Providencia, la entrada en operación de la nueva capacidad energética permitirá evaluar la ampliación de un negocio complementario. En Mayagüez, los resultados posteriores a la desinversión mostrarán sus efectos sobre el portafolio y las obligaciones del grupo.
La discusión deja tres preguntas concretas para presidentes empresariales y juntas directivas:
¿Cuánto del valor de nuestra compañía depende de reglas institucionales que no controlamos? ¿Qué inversiones y capacidades conservan su justificación si esas reglas cambian? ¿Quién absorbería los costos de la adaptación: accionistas, acreedores, trabajadores, proveedores o compradores? Las respuestas permiten distinguir entre proyectos sostenibles bajo distintos escenarios y compromisos cuya rentabilidad depende de condiciones específicas.
Para otros sectores colombianos sometidos a presión importadora, cambios tecnológicos o nuevas reglas comerciales, el caso azucarero tiene una consecuencia inmediata: la estrategia gremial puede influir en el entorno competitivo, pero cada administración debe evaluar por separado el valor de esa influencia sobre sus negocios.
La industria azucarera ha construido instituciones para defender intereses compartidos. Lo que ahora está en discusión es cuánto valor puede preservar cada ingenio, con salvaguardia o sin ella, y qué decisiones está tomando para sostener su capacidad de competir.
Nota metodológica. Los resultados de 2024 y 2025 proceden de reportes EMIS de siete sociedades. Mayagüez y Riopaila Castilla presentan estados consolidados; los demás ingenios, individuales. Los indicadores agregados son sumas aritméticas de la muestra y no representan estados consolidados del sector. Las cifras de inversión corresponden al CapEx reportado por EMIS. Se distinguen las decisiones corporativas documentadas de las interpretaciones sobre sus objetivos y consecuencias.
Fuentes: EMIS; Asocaña, Informe Anual 2025–2026; Grupo Cibest, Panorama Cadena Azucarera, noviembre de 2026; Ministerio de Comercio, expediente S-999-00-85; Secretaría General de la Comunidad Andina, Resolución 826 de 2004; reportes y comunicaciones de Riopaila Castilla, Mayagüez, Incauca, Providencia y Risaralda; Forbes Colombia e InfoNegocios.


