Empresas e Inversión
Asambleas y dividendos
Ecopetrol: La asamblea de accionistas aprobó un dividendo de $121 por acción, superior al dividendo de $110 planteado inicialmente por la administración, y también dio luz verde a la fusión por absorción con Parque Solar Portón del Sol S.A.S.
Para el mercado, eso mejora el flujo inmediato al accionista, pero también confirma que la incidencia gubernamental es directa en la asignación de capital de la petrolera.
Grupo SURA: Los accionistas aprobaron un dividendo de $2.000 por acción, 33% superior, equivalente a $655.411 millones, y avalaron una nueva junta para 2026-2028 con tres cambios: salen Jorge Mario Velásquez, Jaime Arrubla y Alejandro Piedrahíta; entran Bernardo Vargas Gibsone, Claudia Betancur Azcárate y Raquel Bernal Salazar.
SURA entra en su primera gran etapa post-escisión como holding financiero, con un core en rentabilidad y mayor visibilidad bursátil.
Grupo Energía Bogotá: La asamblea aprobó $2,3 billones en dividendos, equivalentes a $250,8 por acción entre dividendo ordinario y extraordinario. GEB ancla esa distribución sobre resultados 2025 y mantiene como prioridades la línea Colectora y la planta de regasificación de TGI en La Guajira.
Eso refuerza su perfil en infraestructura energética con visibilidad regional, en un momento en que la confiabilidad eléctrica y de gas volvió al centro del debate empresarial.
Grupo Aval: Los accionistas aprobaron dividendos por $2,65 por acción al mes entre abril de 2026 y marzo de 2027 y una reserva ocasional de $8,69 billones.
Aval opta por seguir remunerando al accionista mientras fortalece su patrimonio en un entorno de tasas altas, presión fiscal y menor claridad macro.
BVC: La asamblea de la Bolsa de Valores de Colombia aprobó distribuir 100% de la utilidad del ejercicio, equivalente a un dividendo de $1.733 por acción, pagadero el 14 de abril.
Las cifras operativas socializadas en la asamblea mostraron que el volumen promedio diario en renta variable creció 74% y la deuda soberana negociada en la línea continua subió 75% en 2025, lo que evidencia que incluso con volatilidad, la infraestructura de mercado colombiana sí está capitalizando un ciclo de mayor actividad, más OPAs, readquisiciones y colocaciones.
Construcciones El Cóndor: no repartió utilidades y prioriza recuperación operativa. La compañía reportó pérdidas por $267.545 millones en 2025, por lo que su asamblea no incluyó distribución de dividendos.
La administración sostuvo que 2025 fue el último año en rojo y presentó un plan de recuperación basado en rentabilidad de proyectos, eficiencia operativa y financiera, con nichos identificados en construcción y expansión internacional, en los mercados de México y Estados Unidos.
Análisis
La semana arranca con el fantasma del Decreto 0240 de marzo de 2026.
El Decreto que fue expedido en el marco del Estado de Emergencia extendió el impuesto al patrimonio a sucursales de empresas extranjeras en Colombia. Mientras tanto, analistas y gremios advierten que la carga fiscal efectiva en sectores como el financiero y el minero-energético puede superar el 90%, un umbral que golpea directamente la confianza inversionista.
La incertidumbre regulatoria y tributaria sigue siendo un freno silencioso para la inversión y la liquidez corporativa. Moody’s ya proyectó que el déficit fiscal de Colombia superará el 6% del PIB en 2026, advirtiendo que las estimaciones de ingresos del Gobierno son “optimistas” y dependen de que los tribunales avalen las medidas de emergencia. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calificó el panorama fiscal de “poco creíble”, con un faltante estimado en $32,1 billones para cumplir la meta fiscal.
La tensión tributaria amenaza con retrasar decisiones de inversión privada en un momento en que la confianza empresarial muestra señales mixtas. Mientras el Índice de Confianza Comercial repuntó a 26% en enero impulsado por mejores expectativas, el Índice de Confianza Industrial se mantuvo en terreno negativo (-1,5%), afectado por la caída en el volumen de pedidos. La próxima administración, que asumirá en agosto, recibiría una “bomba fiscal”, según economistas, con un déficit que exigiría un ajuste cercano al 2,5% del PIB.
El nuevo impuesto al patrimonio alcanza a sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras con patrimonios desde $10.474 millones. El sector financiero y el minero-energético enfrentan sobretasas que elevan la tarifa de renta corporativa hasta 40%, a lo que se suman IVA (19%), ICA (0,4%-1,2%), impuesto al patrimonio (0,5%-5%) y parafiscales.
La Andi calificó la norma como “una afrenta a la democracia participativa” que golpea la inversión productiva.
Mientras el Gobierno presiona para cerrar la brecha fiscal con nuevas cargas, el mercado advierte que el costo de hacer negocios en Colombia (especialmente para la inversión extranjera) se acerca a umbrales insostenibles.
El riesgo: que la “bomba fiscal” que recibirá el próximo gobierno termine desactivándose a costa de la competitividad y la confianza inversionista.