El 21 de junio, Colombia no elige solo un presidente. Elige el tipo de riesgo con el que quiere vivir los próximos cuatro años. Este análisis no tiene identificación ideológica ni partidista. Tiene números, preguntas incómodas y una conclusión que ningún medio se ha atrevido a decir con claridad a los potenciales electores.
Hay una escena que se repite en cada elección colombiana. Los candidatos hablan de transformación, de milagros, de revoluciones. Los medios debaten escándalos, frases y encuestas. Y el país real, aquel que es habitado por el del emprendedor o el tendero que no llega al tercer año de negocio, el del niño del Chocó que nunca llegará a la universidad, el del campesino del Catatumbo que lleva décadas viendo pasar ejércitos y guerrillas sin que nada cambie, ese país sigue esperando que alguien le hable en serio.
Esta segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda es, en su superficie, un choque entre la derecha y la izquierda. Pero debajo de esa narrativa hay algo que este análisis se propone decir sin rodeos y es lo siguiente:
Colombia no elige entre una buena propuesta y una mala, sino entre dos programas con fortalezas reales y vacíos graves, y esa distinción cambia radicalmente el significado del voto.
El país que hereda el ganador
Antes de analizar las propuestas, hay que mirar la herencia. Quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto recibe un país con al menos seis urgencias simultáneas que no admiten espera:
Un déficit fiscal superior al 6% del PIB que limita cualquier promesa de gasto.
Un coeficiente de Gini por encima de 0.54 que nos ubica entre los países más desiguales del planeta.
Más de 27.000 combatientes de grupos armados activos en cerca de 600 municipios.
Un tejido empresarial donde el 70% de las empresas muere antes de los tres años. Contratos de gas doméstico que se agotan hacia 2027-2028 sin un plan de reemplazo claro. Y,
una movilidad social tan baja que un hijo de familia pobre necesita en promedio once generaciones para alcanzar el ingreso medio del país.
Ese es el punto de partida y curiosamente ese escenario no lo describe ninguno de los discursos de campaña.
De la Espriella: La Patria Milagro que necesita aritmética
El abogado costeño ha construido una campaña poderosa sobre tres pilares que resuenan con fuerza en una sociedad agotada:
seguridad sin negociación,
Estado más pequeño, y
crecimiento económico acelerado.
Su programa, que él llama “Patria Milagro”, promete llevar a Colombia a un crecimiento del 7% anual, generar 3 millones de empleos en cuatro años, reducir el Estado en una cuarta parte y recuperar el control territorial en 90 días.
El problema no es la ambición. El problema es la aritmética.
Sobre el modelo de crecimiento y desarrollo: La propuesta de De la Espriella se articula sobre cinco motores simultáneos:
Reactivar la producción petrolera hasta 1,3 millones de barriles diarios mediante nuevas concesiones y fracking, lo que generaría entre COP 15 y 20 billones adicionales en regalías;
Desregulación masiva bajo la regla de eliminar dos normas por cada una nueva que se cree;
Creación de zonas económicas especiales con exenciones tributarias para atraer inversión extranjera;
Reducción de la carga parafiscal para incentivar la formalización laboral; y
una declaratoria de emergencia económica en los primeros días de gobierno para tomar decisiones estructurales con rapidez.
La lógica es de oferta: si se eliminan las fricciones que encarecen producir, contratar e invertir en Colombia, el capital privado nacional e internacional llenará el espacio que el Estado deja, generando empleo, recaudo y crecimiento. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, añade credibilidad técnica a este esquema y es la señal más clara de que la propuesta busca tranquilizar a los mercados financieros y a los organismos multilaterales desde el primer día.
Evaluación crítica del modelo económico: La lógica de oferta tiene sustento empírico en economías con alta carga regulatoria que deprime la inversión, y Colombia tiene efectivamente ese problema, los costos de formalidad son desproporcionados y la inseguridad jurídica ha ahuyentado capital en los últimos cuatro años. Sin embargo, el programa enfrenta tres contradicciones internas que ningún discurso de campaña resuelve.
Primera: la aritmética no cierra. Propone simultáneamente reducir impuestos corporativos, aumentar el gasto en seguridad, construir siete megacárceles, sanear COP 10 billones de deuda hospitalaria y estabilizar el déficit en 4,8% del PIB en los primeros 360 días. Economistas independientes señalan que la viabilidad del ajuste de COP 70 billones sin una reforma tributaria que compense la reducción de impuestos genera dudas serias: si el recaudo cae y el gasto no se recorta en la magnitud prometida, el déficit podría empeorar antes de mejorar.
Segunda: el gasto público es mayoritariamente inflexible. Entre transferencias territoriales, pensiones, servicio de la deuda y nómina del sector defensa, más del 75% del presupuesto nacional no se puede tocar sin reformas constitucionales o legales que requieren mayorías en el Congreso que De la Espriella no tiene garantizadas. La promesa de reducir el Estado en una cuarta parte choca con esa realidad antes de ejecutar el primer decreto.
Tercera: la apuesta petrolera como motor de crecimiento inmediato ignora los tiempos reales de la industria: un contrato de exploración firmado hoy tarda entre cinco y ocho años en producir primer barril. Los COP 15 a 20 billones adicionales en regalías que promete el programa no llegan en el primer periodo de gobierno; llegan, si todo sale bien, en el segundo.
Sobre el crecimiento: Pasar del 3% actual al 7% anual requeriría una combinación de inversión privada masiva, productividad total de los factores y estabilidad institucional que ningún país latinoamericano ha logrado sostener sin décadas de preparación. Corea del Sur, el modelo que invoca De la Espriella, no lo consiguió con Estado mínimo, por el contrario lo consiguió con un Estado muy activo en educación, industria y tecnología durante treinta años. La promesa del 7% no tiene un mecanismo de transmisión creíble explicado en el programa.
Sobre la reducción del Estado: Un ajuste fiscal de COP 70 billones en un país donde el gasto social es ya insuficiente para las necesidades reales que implica, inevitablemente, comprimir servicios que hoy sostienen a los más vulnerables. La teoría del goteo que se interpreta como la reducción de impuestos, la atracción de inversión, la generación de empleos, reducir pobreza, tiene evidencia empírica muy mixta en contextos de desigualdad estructural alta. En Colombia, décadas de bonanza petrolera con baja tributación no redujeron el Gini de forma significativa.
Sobre la seguridad: El modelo Bukele que inspira su propuesta operó sobre pandillas urbanas en un país de 6 millones de habitantes sin economía del narcotráfico integrada al territorio. Colombia tiene guerrillas con cincuenta años de arraigo, economías ilegales que sostienen comunidades enteras y una geografía que hace imposible la lógica del operativo masivo de detenciones. Recuperar el territorio en 90 días no tiene ningún soporte histórico ni técnico. El Plan Colombia original costó miles de millones de dólares y dos décadas sin lograr la pacificación estructural.
Su fortaleza real: Más allá de las promesas que no cierran aritméticamente, hay un núcleo del programa de De la Espriella que responde a problemas reales y documentados. Colombia tiene efectivamente una carga regulatoria y burocrática que castiga la iniciativa privada, encarece la formalización y genera incentivos perversos para operar en la informalidad.
La combinación de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial con un discurso de disciplina fiscal y seguridad jurídica es un señal a los mercados financieros internacionales desde el primer día, pero también genera preguntas incomodas: El crecimiento del 10,6% en 2021 fue, en buena medida, un rebote estadístico: la economía colombiana había caído un 7% en 2020 por la pandemia, y cualquier reactivación producía números espectaculares sobre esa base deprimida. Eso no le quita mérito a la gestión de la reactivación, pero sí pone en perspectiva la narrativa del “milagro”.
Más relevante para evaluar su papel como prenda de garantía es el asunto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles —FEPC—. Aunque el gobierno Duque saneó una deuda inicial de 17 billones de pesos acumulada en 2019, la subida de los precios internacionales del combustible siguió generando deuda en ese fondo.
El gobierno Duque, con Restrepo como ministro, planteó subir el precio de la gasolina en sus últimos meses, pero finalmente no cumplió el ajuste completo, y ese déficit llegó al gobierno Petro en 37 billones de pesos. La disputa sobre quién tiene la razón en este punto sigue activa entre Restrepo y sus sucesores, pero lo que La Silla Vacía documentó es que la decisión de no hacer el ajuste completo antes de entregar el gobierno fue una elección política que transfirió una carga fiscal real al siguiente periodo.
La presencia de Restrepo genera una paradoja central: Consiste en la tensión profunda entre de su perfil y el programa de De la Espriella que merece nombrarse. Restrepo es un economista de formación ortodoxa, defensor de la regla fiscal, crítico severo del deterioro de las finanzas públicas bajo Petro. Ha señalado públicamente que Colombia está cosechando “un profundo deterioro en materia fiscal” y ha pedido no dejarle al siguiente gobierno una flexibilización de la regla fiscal que “envía pésima señal a las calificadoras de riesgo”.
El problema es que el programa de De la Espriella propone simultáneamente reducir impuestos corporativos, aumentar el gasto en seguridad, construir megacárceles y sanear deuda hospitalaria. Esa combinación es, en términos técnicos, exactamente el tipo de promesa que un economista ortodoxo como Restrepo criticaría en cualquier otro candidato.
La pregunta que nadie ha respondido públicamente es cuál de los dos manda cuando hay que elegir entre la disciplina fiscal que Restrepo defiende y las promesas de gasto que De la Espriella ha hecho en campaña. En los gobiernos donde esa tensión no se resuelve antes de llegar al poder, la resuelve la crisis.
Cepeda: el diagnóstico correcto con el historial incómodo
El senador del Pacto Histórico llega a la segunda vuelta con algo que pocos candidatos tienen: un diagnóstico sobre los problemas estructurales de Colombia que es, en lo fundamental, correcto. La desigualdad no se resuelve solo con crecimiento. La paz no se construye solo con bombas. La salud y la educación universales son condiciones del desarrollo, no sus consecuencias.
El problema de Cepeda no es lo que dice. Es lo que ya hizo.
Fue uno de los arquitectos de la Paz Total del gobierno Petro, una política que terminó fortaleciendo a los grupos armados en lugar de desmovilizarlos, que usó las mesas de diálogo para expandirse territorialmente, y que dejó el Catatumbo en la peor crisis humanitaria reciente del país. Cuando se le pregunta por ese fracaso, Cepeda no da una autocrítica clara. Habla de continuar y profundizar. Esa ausencia de diagnóstico propio sobre lo que salió mal es, para un analista serio, una señal de alarma más grave que cualquier diferencia ideológica.
Sobre el modelo de crecimiento y desarrollo: El programa de Cepeda no está construido como un documento tecnocrático con metas numéricas de PIB o inversión extranjera. Su lógica es explícitamente keynesiana:
la desigualdad deprime el consumo interno, y el consumo interno es el motor más robusto del crecimiento en una economía como la colombiana, que depende más del mercado doméstico que de las exportaciones.
Su apuesta central es lo que llama una “economía productiva, diversificada y socialmente incluyente”, articulada en tres ideas:
Fortalecer el mercado interno elevando los ingresos de los trabajadores y los pobres,
Convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria aprovechando su biodiversidad y capacidad agrícola, y
desarrollar economías territoriales hoy marginadas, en esa incluye de manera potencial al Pacífico, la Amazonia y el Llano mediante turismo sostenible, biotecnología, pesca artesanal y energías renovables.
El Estado, en este esquema, no es solo redistribuidor sino “emprendedor e innovador”, un concepto que Cepeda toma de la economista Mariana Mazzucato y que implica inversión pública en sectores que el mercado privado no desarrolla solo.
Evaluación crítica del modelo económico: La lógica keynesiana de Cepeda tiene sustento empírico en contextos de baja demanda interna y alta desigualdad, es decir, cuando los más pobres reciben ingreso, lo gastan casi íntegramente en el mercado local, generando un multiplicador que el ingreso de los más ricos no produce porque se fuga hacia el ahorro o el exterior. Ese mecanismo es real. Sin embargo, el programa tiene tres fragilidades estructurales que ningún discurso en plaza pública resuelve.
Primera: la apuesta agroalimentaria y territorial requiere inversión masiva en infraestructura vial, conectividad y titulación de tierras que el Estado colombiano lleva décadas prometiendo y no ejecutando, no por falta de voluntad sino por incapacidad institucional demostrada.
Segunda: el concepto de “Estado emprendedor” funciona cuando hay instituciones técnicas sólidas y aisladas de la captura política, como en Corea del Sur o Finlandia. En Colombia, donde la corrupción consume entre el 4% y el 5% del PIB anualmente, un Estado más activo en la economía sin una reforma institucional profunda y simultánea puede reproducir exactamente el mismo problema que se quiere resolver.
Tercera: el programa no define con precisión cómo se financia la transición entre el modelo actual y el modelo propuesto, en los primeros dos años críticos, cuando el nuevo gobierno hereda el déficit, antes de que los multiplicadores keynesianos generen el recaudo adicional que la propuesta necesita.
Sobre el gasto social: Prometer la universalización de la salud, continuar las reformas educativas y ampliar los programas de bienestar sobre las finanzas públicas que hereda es, en el mejor de los casos, una apuesta de alto riesgo fiscal. En el peor, es repetir el error del gobierno saliente: prometer más de lo que el Estado puede financiar de forma sostenible, erosionar la confianza de los mercados y terminar con menos recursos para los programas sociales que se querían expandir.
Sobre las MiPymes: Su discurso habla de “estimular la producción empresarial y el emprendimiento microempresarial”, pero el programa no contiene una política articulada para reducir la mortalidad empresarial, mejorar el acceso al crédito formal o elevar la educación financiera del emprendedor colombiano promedio. Las palabras están. El mecanismo, no.
Su fortaleza real: El valor más sólido del programa de Cepeda no está en sus promesas de gasto, que enfrentan un techo fiscal severo, sino en la coherencia de su diagnóstico sobre las causas profundas del subdesarrollo colombiano. La evidencia internacional es consistente en un punto que su programa capta correctamente: los países que lograron reducir desigualdad de forma duradera no lo hicieron solo con crecimiento, sino con inversión sostenida en capital humano (primera infancia, calidad educativa, salud preventiva) combinada con mercados internos fortalecidos.
Su apuesta por la diversificación productiva hacia la agroalimentación, el turismo sostenible y la biotecnología territorial no es un sueño ideológico: es la única salida estructural a una economía que lleva décadas atrapada en la dependencia de un solo recurso no renovable.
En derechos de mujeres, minorías étnicas y comunidades históricamente excluidas tiene el programa más explícito y articulado de los dos. En la dimensión de paz, aunque su credibilidad está afectada por la Paz Total, su marco conceptual (atacar causas estructurales de la violencia junto con negociación diferenciada y condicionada) sigue siendo más consistente con la evidencia internacional sobre resolución de conflictos que el modelo de confrontación pura ofrecido por de la Espriella.
La fortaleza de Cepeda está en que señala con precisión los problemas que Colombia realmente tiene que resolver en el largo plazo.
El elefante en la habitación: la energía
Hay un tema que ambos candidatos tratan con una superficialidad que debería alarmar a cualquier colombiano con perspectiva de largo plazo: el modelo energético.
Colombia tiene los contratos de gas doméstico agotándose hacia 2027-2028. Depende del petróleo para financiar cerca del 40% de sus exportaciones. Y enfrenta un cambio climático que ya está afectando la generación hídrica que sostiene el 70% de su electricidad.
De la Espriella quiere más petróleo y fracking. Tiene razón en que Colombia necesita esos ingresos hoy. Pero apostar el modelo de los próximos veinte años al hidrocarburo es construir sobre una plataforma que los mercados globales de capital están abandonando aceleradamente.
Cepeda quiere continuar la transición energética. Tiene razón en la dirección. Pero querer la transición sin los recursos fiscales para financiarla, con un sector privado energético que perdió confianza regulatoria, puede dejar al país sin ingresos petroleros y sin renovables maduras al mismo tiempo.
Lo que ninguno dice es la verdad completa:
Colombia necesita usar los ingresos decrecientes del petróleo para financiar ordenadamente su propia transición, diversificar exportaciones y desarrollar el enorme potencial solar, eólico e hidrógeno verde que tiene y no ha explotado.
Eso requiere un pacto de Estado de veinte años que trasciende cualquier período presidencial. Y ninguno lo está proponiendo.
Las cinco preguntas que nadie les ha hecho
Un electorado informado merece respuestas a preguntas que los debates habituales evitan:
Pregunta 1 — La aritmética de la transición.
“Colombia depende del petróleo para financiar aproximadamente el 40% de sus exportaciones y una parte crítica del recaudo fiscal. Los contratos de gas doméstico se agotan hacia 2027-2028. ¿Con qué fuente de ingresos específica reemplazará esos recursos durante su gobierno? Presente el número, el plazo y el mecanismo concreto, no la dirección general.”
Esta pregunta pone a los dos en un callejón sin salida cómoda. De la Espriella tendrá que explicar por qué apostar a más petróleo es viable cuando los mercados de capital globales ya están saliendo de esos activos y los plazos de exploración superan ampliamente un período presidencial. Cepeda tendrá que explicar cómo financia la transición energética con unas arcas públicas deterioradas y un sector privado energético que perdió confianza regulatoria durante el gobierno que él quiere continuar.
Pregunta 2 — El territorio como nudo gordiano
Los departamentos con mayor riqueza energética del país —La Guajira, el Catatumbo, el Llano— son simultáneamente los de mayor conflicto armado, mayor pobreza y menor presencia institucional efectiva. ¿Cuál es su estrategia concreta para que la renta energética de esos territorios se quede en ellos y no los deje más pobres y violentos de lo que hoy están? ¿Qué le diría específicamente a una comunidad wayuu, a un campesino del Catatumbo o a un llanero que ha visto pasar décadas de extracción sin desarrollo local?
Esta pregunta conecta en una sola los tres problemas centrales del análisis: energía, paz y equidad territorial.
Le exige a De la Espriella explicar cómo su modelo de libertad económica y reducción del Estado llega a territorios donde el Estado nunca ha existido con suficiente fuerza, y donde sin presencia institucional no hay ni mercado ni seguridad posible. Y le exige a Cepeda explicar por qué su propuesta de transformación estructural sería diferente a la de Petro, que con un discurso similar terminó dejando el Catatumbo en la peor crisis humanitaria reciente del país.
Pregunta 3 — La aritmética que Restrepo no puede resolver solo
Doctor De la Espriella, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defiende públicamente la disciplina fiscal estricta y ha criticado con dureza cualquier flexibilización de la regla fiscal. Usted promete simultáneamente reducir impuestos corporativos, aumentar el gasto en seguridad, construir siete megacárceles y sanear COP 10 billones de deuda hospitalaria. Cuando llegue el momento de elegir entre la ortodoxia fiscal de su vicepresidente y las promesas que hizo en campaña, ¿quién manda?.
Y al senador Cepeda: su modelo keynesiano depende de un multiplicador de demanda interna que tarda entre dos y tres años en generar recaudo adicional. ¿Con qué financia el gasto social en los primeros veinticuatro meses, antes de que ese multiplicador se active, sobre unas finanzas públicas donde el 86% del presupuesto ya está comprometido en obligaciones inflexibles?
Esta pregunta desnuda la contradicción interna más grave de cada programa. A De la Espriella le exige resolver en público la tensión entre su vicepresidente técnico y sus promesas políticas, tensión que en los gobiernos donde no se resuelve antes del poder la resuelve la crisis. A Cepeda le exige el número concreto que su programa sistemáticamente omite: qué paga primero, qué recorta y a quién le dice que espere.
Pregunta 4 — El 99% empresarial y la mortalidad que nadie quiere medir
El 70% de las empresas colombianas muere antes del tercer año. No por exceso de impuestos ni por falta de ideología: por incapacidad de leer un flujo de caja, por imposibilidad de acceder a crédito formal a tasas que no las asfixien, y por mercados locales que desaparecen cuando hay inseguridad en el barrio. Doctor De la Espriella: ¿cuál es el mecanismo concreto, con presupuesto y plazo, mediante el cual su política de desregulación le enseña a un microempresario del Pacífico a sobrevivir el tercer año?.
Senador Cepeda: su Banco del Pueblo promete financiar 200.000 microempresas familiares en cuatro años. Colombia ya tiene Bancóldex, Findeter, el Fondo Emprender y múltiples fondos de garantías que no llegan a ese segmento. ¿Por qué llegaría el suyo, y qué hace diferente a su propuesta de las que ya existen y han fracasado?
Esta es la pregunta que más le importa al país real y la que menos aparece en los debates. Obliga a los dos a salir de las abstracciones macroeconómicas y hablar del tendero, la modista, el transportador independiente. Y tiene la virtud de que ninguna respuesta ideológica la satisface: exige mecanismos, no principios.
Pregunta 5 — La movilidad social y las once generaciones
Un hijo de familia pobre en Colombia necesita en promedio once generaciones para alcanzar el ingreso medio del país. Eso significa que la decisión sobre la vida de un niño nacido hoy en Quibdó, en Tierralta o en la periferia de Soacha no la toma ninguno de los dos: la tomaron gobiernos de hace doscientos años y la tomarán gobiernos de dentro de doscientos.
Senador Cepeda: usted propone expandir cobertura en primera infancia y fortalecer la calidad docente, exactamente lo mismo que propusieron los últimos cinco gobiernos sin lograrlo. ¿Qué hace diferente su ejecución a la de todos los que prometieron lo mismo antes?.
Doctor De la Espriella: usted dice que el crecimiento económico es el ascensor social más poderoso. Colombia creció a tasas del 6% y 9% entre 2010 y 2014 y el Gini no se movió de forma significativa. ¿Por qué el crecimiento que usted promete produciría un resultado diferente al que produjo el crecimiento que ya tuvimos?
Esta pregunta tiene una particularidad técnica que la hace especialmente difícil: usa los datos del propio país contra cada candidato. No es una trampa ideológica sino una exigencia de evidencia. Y toca el nervio más profundo del debate, porque la movilidad social es el único indicador que resume en un solo número si un modelo de desarrollo funciona o no para los que más lo necesitan.
Pregunta 6 — El poder real y la deuda con quienes financiaron la campaña
Detrás de toda candidatura hay una red de apoyos que no aparece en los discursos pero sí en las decisiones de gobierno. Doctor De la Espriella: usted recibió el respaldo de sectores del establecimiento empresarial, de gremios y de grupos políticos regionales con agendas propias.
Senador Cepeda: usted llega con el aparato del Pacto Histórico, los movimientos sociales que movilizaron su campaña y la influencia directa del presidente saliente, que intervino abiertamente en la contienda.
La pregunta para los dos es la misma: nombren una decisión concreta de gobierno que tomarían aunque su principal base de apoyo se los exija no tomar. No un principio general. Una decisión específica, con nombre y consecuencia.
Esta es la más incómoda y por eso la más necesaria. Un candidato que no puede responderla en treinta segundos con un ejemplo concreto está revelando, en ese silencio, más de lo que revelaría cualquier respuesta.
La conclusión que el análisis arroja
Si el criterio es el bienestar de largo plazo de Colombia, es decir, la reducción real de la desigualdad, construcción de paz duradera, desarrollo de un tejido productivo diversificado y sostenible, el análisis técnico apunta hacia una conclusión incómoda para ambos lados:
Cepeda tiene el diagnóstico más correcto sobre los problemas estructurales del país. De la Espriella tiene el marco macroeconómico más ordenado para el corto plazo. Colombia necesita las dos cosas simultáneamente, y los dos candidatos representan versiones unilaterales de esa ecuación.
La ventaja marginal de Cepeda en la dimensión de largo plazo se sostiene solo si él mismo abandona la continuidad acrítica del modelo Petro, presenta una estrategia fiscal creíble y demuestra que su programa económico no es hostil al emprendimiento y la inversión privada. Si esas condiciones no se cumplen, la ventaja se invierte.
La ventaja de De la Espriella en la dimensión de estabilidad macroeconómica se sostiene solo si sus promesas de seguridad y crecimiento se aterrizan en mecanismos reales y no en retórica militarista sin soporte técnico. Si las promesas del 7% y los 90 días son solo marketing electoral, el país habrá cambiado de modelo sin resolver ningún problema de fondo.
La verdad que ningún candidato ha dicho
El bienestar de Colombia en los próximos veinte años depende menos de quién gane el 21 de junio que de si el ganador tiene la grandeza política de gobernar para todos y no solo para quienes lo eligieron.
Colombia necesita un presidente que le diga la verdad al país: que los recursos son limitados, que la paz tiene costos que la sociedad debe asumir, que el modelo extractivo tiene fecha de vencimiento, y que la desigualdad no se resuelve ni con el mercado solo ni con el Estado solo.
Esa conversación honesta con el país es la que ninguno de los dos ha iniciado todavía.
Y sin ella, el voto más informado sigue siendo un voto a ciegas.
KapitalPaper es una publicación de análisis económico independiente. Este artículo fue elaborado con base en los programas de gobierno publicados por ambas campañas y las declaraciones públicas de los candidatos.